La tragedia que ha conmocionado a Pachuca en los últimos días, tras el asesinato de dos agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) a manos de un supuesto grupo de culto satánico, ha destapado una olla de irregularidades y señalamientos dentro de la propia institución. La destitución de Patricia Moya, ex comandanta del grupo de investigación del Centro de Justicia para Mujeres, es solo la punta del iceberg en un caso que exige justicia y una profunda revisión de los protocolos internos de la PGJEH.

Moya ha sido señalada como la responsable directa de enviar a los agentes, sin armas y sin el debido respaldo, a una misión que terminó costándoles la vida. Imaginen la escena: dos funcionarios, acostumbrados al trabajo de oficina, de pronto enviados a una capilla de culto satánico, un lugar desconocido y potencialmente peligroso, sin la protección necesaria. Un acto que, a la luz de los acontecimientos, se antoja como una negligencia imperdonable.

Las acusaciones contra Moya no terminan ahí. Los familiares de las víctimas han alzado la voz, denunciando un ambiente laboral tóxico bajo su mando. Jornadas dobles, arbitrariedades constantes, una presión que, según sus testimonios, llevó a los agentes a aceptar una misión para la que no estaban preparados. Una situación que nos obliga a preguntarnos: ¿qué tipo de liderazgo se ejercía dentro del Centro de Justicia para Mujeres? ¿Se priorizaba la seguridad y el bienestar de los agentes o se les veía como piezas intercambiables en un engranaje burocrático?

La PGJEH asegura que la destitución de Moya es parte del proceso de investigación, una medida necesaria para deslindar responsabilidades. Sin embargo, la ciudadanía exige más que simples destituciones. Exige justicia para los agentes caídos, una investigación exhaustiva que llegue al fondo del asunto y que depure a todos los responsables, sean quienes sean. No basta con señalar a una sola persona; es necesario analizar la cadena de mando, las fallas en los protocolos, la cultura laboral que permitió que esta tragedia ocurriera.

Este caso no solo nos habla de la violencia ejercida por un supuesto grupo satánico, sino también de la violencia institucional, de la negligencia y la falta de cuidado hacia quienes arriesgan su vida para proteger a la sociedad. Es un llamado de atención para la PGJEH, para el gobierno estatal y para toda la sociedad hidalguense. Debemos exigir transparencia, rendición de cuentas y un compromiso real para que hechos como estos no se repitan jamás. La memoria de los agentes fallecidos exige justicia, pero también exige un cambio profundo en las instituciones encargadas de velar por nuestra seguridad.

El futuro de la PGJEH y la confianza de la ciudadanía dependen de la respuesta que se dé a este caso. No podemos permitir que la impunidad se imponga. Es momento de exigir respuestas, de exigir justicia, de exigir un cambio. El silencio y la inacción solo perpetuarán la violencia y la injusticia.