La sombra de la vigilancia estatal se cierne sobre México. La reciente aprobación de la CURP biométrica en la Cámara de Diputados, con la inclusión obligatoria de fotografía, huellas dactilares e iris, y su vinculación a una plataforma única de identidad nacional, ha encendido las alarmas sobre la protección de nuestros datos más sensibles. No se trata de una simple actualización tecnológica, sino de un cambio de paradigma que concentra un poder inmenso en manos del Estado, con el potencial de vulnerar derechos fundamentales si no se acompaña de un marco legal robusto y una supervisión independiente implacable. El fantasma del PANAUT, declarado inconstitucional por la Suprema Corte en 2021 por atentar contra la privacidad, vuelve a manifestarse con la CURP biométrica. La experiencia nos ha demostrado que la buena intención no basta. La concentración de datos biométricos sin controles efectivos abre la puerta a abusos y violaciones a la privacidad, un riesgo que no podemos permitirnos.

El caso de India, con su sistema Aadhaar, nos ofrece una lección escalofriante. A pesar de contar con más de 1,380 millones de usuarios, sufrió una filtración masiva de 130 millones de registros. La información biométrica, vendida en el mercado negro por menos de 10 dólares, se convirtió en una herramienta de exclusión social y vulneración de derechos humanos. Incluso el sistema judicial indio dictaminó que el registro biométrico no debe ser obligatorio para acceder a servicios básicos. ¿Aprenderemos de los errores ajenos o repetiremos la historia?

En México, la biometría ha demostrado su utilidad en la identificación de personas desaparecidas. El INE ha logrado identificar 6,971 cuerpos gracias a esta tecnología, una cifra que nos recuerda su potencial para el bien. Sin embargo, esta herramienta de doble filo también puede ser utilizada con fines perversos. Nuestro país ocupa el octavo lugar mundial en robo de identidad y el segundo en América Latina. Este delito, alimentado por un mercado negro multimillonario que mueve cifras astronómicas, encuentra en la biometría un nuevo y peligroso aliado. El mercado de la biometría, que alcanzó los 751 millones de dólares en 2023, se proyecta en 3,376 millones para 2030, con un crecimiento anual cercano al 24%. Ante este panorama, ¿estamos realmente preparados para proteger nuestra identidad?

La experta Layla Delgadillo, CEO de Silent4Business, propone cinco pilares fundamentales para construir un sistema biométrico seguro y respetuoso de los derechos humanos: una ley específica para datos biométricos, límites estrictos de uso, supervisión autónoma, cifrado de grado militar y auditorías periódicas, consentimiento informado y transparencia proactiva con informes públicos y acceso ciudadano a los datos, capacitación ética a funcionarios y canales seguros de denuncia interna. Estas medidas no son opcionales, son la base de una sociedad democrática que valora la privacidad y la libertad individual.

La centralización del control de los datos biométricos en manos del Estado, sin mecanismos de control y transparencia, representa una amenaza latente a nuestros derechos fundamentales. Necesitamos instituciones fuertes e independientes que garanticen la protección de nuestra identidad. La seguridad sin derechos no es seguridad, es control. En una democracia, la identidad no le pertenece al Estado, le pertenece al ciudadano.

Por otro lado, la movilidad sostenible se posiciona como una prioridad nacional. El 32º Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad (ENAM) congregó a representantes de más de 25 estados, especialistas, autoridades federales y empresas para impulsar la Agenda Nacional de Movilidad 2024-2030. La descarbonización del autotransporte, impulsada por ANPACT bajo el liderazgo de Rogelio Arzate, se erige como eje central, no solo por su impacto ambiental, sino también por su potencial para optimizar la logística, mejorar la salud urbana y promover la equidad de género. La renovación de flotas con incentivos técnicos y financieros, la innovación regulatoria y el financiamiento sustentable para la modernización de los sistemas de transporte son las rutas trazadas para alcanzar este ambicioso objetivo. La AMAM, presidida por Ricardo Serrano, ha desempeñado un papel crucial en la articulación entre gobiernos locales, iniciativa privada y organismos multilaterales, facilitando la participación de actores clave como la SENER, SEMARNAT, BANOBRAS y WRI México en las mesas de trabajo. La colaboración entre los diferentes sectores es fundamental para construir un futuro con una movilidad más eficiente, limpia y accesible para todos.