La impunidad se teje en la sombra, en los pasillos silenciosos donde el poder se ejerce sin escrúpulos y la dignidad humana se convierte en moneda de cambio. Hablamos de un sistema que, paradójicamente, se erige como garante de la justicia y la equidad, pero que en su funcionamiento interno perpetúa la injusticia y la desigualdad. No se trata de casos aislados, sino de una realidad sistémica que corroe las bases mismas de nuestras instituciones, dejando a su paso un rastro de dolor y desesperanza.

Las paredes de las oficinas, empapeladas con carteles que pregonan la igualdad de género y la lucha contra el acoso, se convierten en una burla cruel para quienes viven a diario la crudeza de la discriminación y el abuso. Esos lemas, vacíos de contenido, son un simple maquillaje que oculta la podredumbre que se gesta en el interior. Mientras tanto, los mecanismos de denuncia se transforman en laberintos burocráticos diseñados para silenciar las voces de las víctimas, enterrando sus reclamos bajo un cúmulo de trámites y requisitos imposibles de sortear.

La revictimización se convierte en la norma. Quienes se atreven a alzar la voz son sometidos a un proceso de desgaste emocional y psicológico que busca doblegar su voluntad y obligarlos a renunciar a sus derechos. Las licencias médicas, ignoradas y desechadas, se convierten en un símbolo de la indiferencia institucional ante el sufrimiento humano. Las reuniones a puerta cerrada, en las que se ejerce la presión y la intimidación, se transforman en escenarios de terror donde las víctimas son acorraladas y obligadas a firmar su propia sentencia.

El ciclo se repite cada quincena, como un reloj macabro que marca el ritmo de la injusticia. La pregunta que resuena en el aire es: ¿Por qué precisamente en quincena? La respuesta, aunque no explícita, se intuye en el ambiente de precariedad e incertidumbre que se respira en estos espacios de poder. La amenaza velada de perder el sustento, la necesidad de llevar el pan a la mesa, se convierte en un instrumento de control que silencia las conciencias y perpetúa la impunidad.

La ausencia de un comité de género efectivo y la complicidad del comité de ética, que filtra las denuncias a los propios agresores, son la prueba irrefutable de la descomposición moral que impera en estas instituciones. El Órgano Interno de Control, en lugar de ser un garante de la justicia, se convierte en un obstáculo más, respondiendo a las denuncias con fórmulas genéricas que no hacen más que reafirmar la impunidad.

El "ghostlighting", esa perversa práctica de manipulación que busca aislar y desacreditar a las víctimas, se convierte en el arma predilecta de quienes detentan el poder. Se ordena al personal ignorar a los señalados, boicotear su trabajo, crear un ambiente de hostilidad que los obligue a renunciar.

En la Secretaría de Economía federal, específicamente en la Unidad Jurídica, estas prácticas se han convertido en una constante. Los despidos injustificados, que ocurren con una periodicidad alarmante, ocultan una serie de abusos que merecen ser investigados a fondo. La figura del secretario Marcelo Ebrard se cierne sobre este escenario de injusticia, demandando una respuesta ante la gravedad de las denuncias.

Es hora de romper el silencio. Es hora de dar voz a las víctimas, a quienes han sufrido en carne propia la crueldad de un sistema que debería protegerlos. Es hora de exigir justicia, de reconstruir las instituciones sobre la base de la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales. La verdadera transformación solo será posible cuando la humanidad de cada persona sea reconocida y las instituciones sean reconstruidas desde esa base esencial. No hay cambio sostenible que no parta de este principio fundamental. Hoy, más que nunca, es necesario alzar la voz y exigir un cambio real y profundo.