La extorsión, una sombra que se cierne sobre la tranquilidad de miles de mexicanos, está en el centro de la mira del gobierno. La reciente iniciativa de reforma constitucional, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca convertir la persecución de este delito en una prioridad de oficio, marcando un cambio significativo en la estrategia nacional contra este flagelo. No se trata solo de una declaración de intenciones, sino de una apuesta decidida por dotar a las autoridades de las herramientas necesarias para combatir frontalmente a quienes se lucran del miedo y la vulnerabilidad.

La Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada con anterioridad, cobra ahora una nueva dimensión con esta reforma. Se refuerza el compromiso de no solo reaccionar ante las denuncias, sino de perseguir activamente a los extorsionadores, desmantelando sus redes y llevando a la justicia a quienes orquestan estas prácticas delictivas. El mensaje es claro: el Estado no se quedará de brazos cruzados mientras la extorsión sigue afectando la vida de los ciudadanos.

La habilitación de la línea 089 como canal exclusivo para denuncias de extorsión, con la garantía del anonimato y la protección de la identidad de las víctimas, representa un paso crucial. Se busca romper el ciclo del silencio y el miedo que a menudo impide a las víctimas denunciar, brindándoles una vía segura y confidencial para acceder a la justicia. La promesa de una carpeta de investigación por cada denuncia recibida refuerza la seriedad del compromiso asumido por las autoridades. No se trata simplemente de recopilar datos, sino de actuar con prontitud y eficacia para llevar a los responsables ante la justicia.

El enfoque integral de la estrategia, que abarca tanto la prevención como la persecución del delito, es fundamental. Se reconoce que la lucha contra la extorsión no se limita a la acción policial, sino que requiere un esfuerzo conjunto que involucre a la sociedad en su conjunto. La educación, la concientización y la colaboración ciudadana son piezas clave para prevenir que más personas caigan en las garras de los extorsionadores.

La concentración del 66% de las extorsiones en solo 8 estados del país, un dato revelado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pone de manifiesto la necesidad de focalizar los esfuerzos en estas zonas. Se requiere una estrategia diferenciada que considere las particularidades de cada región y que permita abordar las causas subyacentes que propician la proliferación de este delito. La coordinación entre las distintas instancias de seguridad, tanto a nivel federal como estatal, es esencial para lograr resultados tangibles.

La presidenta Sheinbaum ha sido enfática al asegurar que se destinarán todos los recursos necesarios para erradicar la extorsión. Se trata de una inversión en la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos, un compromiso ineludible del Estado. La promesa de apoyo a las víctimas, la articulación de todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia, y la firme determinación de combatir este delito, envían un mensaje de esperanza a quienes han sufrido las consecuencias de la extorsión. El camino no será fácil, pero la voluntad política y la participación ciudadana son las armas más poderosas para enfrentar este desafío y construir un México más seguro para todos.