La eliminación del pago en efectivo en las casetas de peaje de CAPUFE, aunque se presenta como una modernización necesaria, despierta interrogantes sobre su viabilidad real en un país con las características socioeconómicas de México. Si bien la promesa de un tránsito más fluido y una mayor eficiencia administrativa resulta atractiva, la realidad es que existen importantes obstáculos que podrían convertir esta iniciativa en una fuente de frustración y desigualdad.

El argumento central de CAPUFE se basa en la agilización del tráfico y la reducción de los tiempos de espera. Imaginen las largas filas en las casetas desapareciendo, los vehículos circulando sin interrupciones, un ahorro significativo de tiempo y combustible. Una utopía vial que, sin embargo, choca con la realidad de millones de mexicanos.

El acceso al sistema bancario y a la tecnología no es universal en México. Un porcentaje considerable de la población, especialmente en zonas rurales y de bajos ingresos, opera principalmente con efectivo. Para estas personas, la obligatoriedad del TAG representa una barrera de entrada, una exclusión de facto de la red carretera nacional. ¿Qué opciones se les ofrecen a quienes no poseen una tarjeta de crédito o débito, o a quienes simplemente desconfían de la tecnología?

La experiencia con los sistemas de telepeaje existentes tampoco ha sido del todo satisfactoria. Las fallas en los lectores, la falta de claridad en los saldos y los costos asociados a la adquisición y recarga de los TAG han generado desconfianza y reticencia entre los usuarios. Si a esto le sumamos la posibilidad de cargos indebidos o la dificultad para resolver problemas técnicos, el panorama se torna aún más complejo.

La preocupación por la seguridad de los datos personales también es un factor a considerar. ¿Qué garantías existen para proteger la información de los usuarios frente a posibles filtraciones o usos indebidos? La transparencia en el manejo de la información y la implementación de medidas de seguridad robustas son cruciales para generar confianza en el sistema.

Por otro lado, la concentración del mercado de telepeaje en pocas manos plantea interrogantes sobre la competencia y la posibilidad de que se generen monopolios u oligopolios que afecten los precios y la calidad del servicio. Es fundamental que las autoridades promuevan la competencia y garanticen la igualdad de condiciones para todos los actores del mercado.

En lugar de una imposición abrupta, la transición hacia el telepeaje debería ser gradual y acompañada de medidas que faciliten la adaptación de todos los sectores de la población. Campañas de información claras y accesibles, puntos de venta y recarga de TAG distribuidos estratégicamente, y opciones de prepago sin comisiones excesivas son algunas de las acciones que podrían contribuir a una implementación más inclusiva.

La digitalización del cobro en autopistas es, sin duda, un paso hacia la modernización. Sin embargo, no puede implementarse a costa de la exclusión de una parte importante de la población. Es necesario un enfoque integral que considere las particularidades del contexto mexicano y garantice el acceso equitativo a la movilidad para todos. La tecnología debe estar al servicio de las personas, no al revés.