El debate sobre la reforma electoral ha vuelto a encenderse, y esta vez con una fuerza renovada. La posibilidad de transformar el sistema electoral mexicano no es solo una cuestión de procedimientos, sino una oportunidad histórica para fortalecer la democracia y acercarla a la ciudadanía. La discusión actual, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se centra en dos ejes fundamentales: la reducción del gasto excesivo y la revisión del sistema de representación proporcional. Ambos puntos, lejos de ser simples ajustes técnicos, tocan las fibras más sensibles de nuestra vida democrática.

El costo del sistema electoral ha sido objeto de cuestionamientos durante años. ¿Es realmente justificable que, en un país con las profundas desigualdades que enfrenta México, se destinen enormes cantidades de recursos públicos al sostenimiento de estructuras partidistas que, en muchos casos, parecen más preocupadas por su propia supervivencia que por el bienestar de la población? La propuesta de reducir el financiamiento público a los partidos no solo es una medida de austeridad, sino una exigencia de justicia social. Es necesario que los recursos públicos se destinen a atender las necesidades reales de la gente: salud, educación, seguridad, y no a financiar las burocracias partidistas. Además, una reducción del financiamiento podría incentivar a los partidos a buscar nuevas formas de conectarse con la ciudadanía, más allá de las costosas campañas publicitarias y las estructuras clientelares.

Por otro lado, la revisión del sistema de representación proporcional, y particularmente la eliminación de las listas plurinominales en su forma actual, abre un debate crucial sobre la representatividad y la legitimidad del Congreso. La figura del "plurinominal" ha sido cuestionada por su aparente desconexión con la ciudadanía. Muchos de estos legisladores llegan a sus curules sin haber realizado campañas, sin un contacto directo con los votantes, y sin una clara rendición de cuentas. Si bien la representación proporcional es un mecanismo importante para garantizar la pluralidad y la inclusión de minorías en el poder legislativo, es necesario repensar su funcionamiento para evitar que se convierta en una vía de acceso privilegiada para las élites políticas.

La propuesta de un modelo más parecido al del Senado, donde se combinan la elección por mayoría y la representación proporcional, busca precisamente encontrar un equilibrio entre estos dos principios. Obligar a los candidatos a competir en campañas, a dialogar con la gente y a presentar propuestas concretas fortalecería la conexión entre los representantes y los representados. Este cambio no solo incrementaría la legitimidad del Congreso, sino que también fomentaría una mayor participación ciudadana en la vida política del país.

Es importante recordar que el debate actual no surge en el vacío. La iniciativa de reforma electoral presentada en 2022 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no prosperó en su momento, sentó las bases para la discusión que hoy retomamos. Aquel proyecto, con sus propuestas de creación del INEC, reducción del número de legisladores y elección de magistrados por voto directo, abrió una serie de interrogantes que aún siguen vigentes. La nueva propuesta de reforma, impulsada por la presidenta Sheinbaum, tiene la oportunidad de retomar, adaptar y perfeccionar algunas de aquellas ideas.

El éxito de esta reforma dependerá, en gran medida, de la capacidad del gobierno para construir consensos y generar un debate amplio e incluyente. La participación de la ciudadanía, de la academia, de las organizaciones civiles y de todos los actores políticos será fundamental para que la reforma no se reduzca a una simple reconfiguración institucional, sino que se convierta en un verdadero avance democrático. Es el momento de debatir, de proponer, de construir un sistema electoral más justo, eficiente y representativo, un sistema que esté a la altura de las demandas y las aspiraciones de la sociedad mexicana.