La desaparición de los portales digitales del INAI y del SNT no es un simple cambio de interfaz, sino la pérdida potencial de un valioso patrimonio colectivo. Imaginen una biblioteca que, de un día para otro, decide quemar sus libros más antiguos y relevantes. Eso es, en esencia, lo que está sucediendo con la información contenida en estos sitios web ahora inaccesibles. Hablamos de décadas de trabajo, de la construcción gradual de un derecho fundamental: el acceso a la información. No se trata solo de datos fríos, sino del registro de un proceso, de las voces de ciudadanos, académicos y activistas que lucharon por la transparencia y la rendición de cuentas.

¿Qué se pierde exactamente con el cierre de estos portales? Mucho más de lo que se puede imaginar a simple vista. Por ejemplo, el micrositio del SNT albergaba documentos cruciales elaborados por comisiones temáticas con representación federal, estatal y municipal. Estos documentos, fruto de un intenso trabajo colaborativo, trazaban la ruta para articular políticas públicas en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Además, se caracterizaban por su enfoque inclusivo, ofreciendo versiones en braille, lenguas indígenas y formatos accesibles para personas con discapacidad. ¿Dónde están ahora esos documentos? ¿Quién garantiza su preservación y accesibilidad?

Más allá de los documentos oficiales, en estos portales se encontraba la memoria viva de casos emblemáticos como Odebrecht, investigaciones periodísticas, análisis académicos y las aportaciones de la sociedad civil. Era un espacio donde convergían diferentes perspectivas, enriqueciendo el debate público y fortaleciendo la democracia. Perder este archivo digital es como perder una pieza fundamental del rompecabezas de nuestra historia reciente.

Recordemos el trabajo incansable de personas como Tanivet Ramos, quien desde el organismo Transparencia para el Pueblo, luchó por la preservación de estos archivos y por la equidad de género en el acceso a la información. Su voz, junto con la de muchos otros, resuenan ahora en el llamado urgente de colectivos y organizaciones civiles para rescatar esta información invaluable.

No podemos permitir que la opacidad se imponga sobre la transparencia. La Ley General de Archivos, en su artículo 41, protege este tipo de documentos. Dar de baja archivos electrónicos de carácter público no es una decisión meramente técnica, sino un acto con implicaciones legales y éticas. De hecho, hacerlo indebidamente puede constituir un delito, especialmente cuando afecta el derecho humano al acceso a la información, consagrado en nuestra Constitución.

La historia no se borra. No podemos borrar el esfuerzo, el compromiso y las horas de trabajo de tantas personas que dedicaron su vida a construir un México más transparente. Es nuestro deber, como ciudadanos, exigir la preservación de esta memoria colectiva y garantizar que las futuras generaciones puedan acceder a ella. El futuro se construye sobre los cimientos del pasado, y un futuro sin memoria es un futuro condenado a repetir los errores del pasado. La lucha por la transparencia continúa.