La sombra del control se cierne sobre México. En los últimos días, una serie de reformas legislativas aprobadas con una velocidad vertiginosa han encendido las alarmas sobre el futuro de nuestras libertades civiles. La CURP biométrica, la nueva Ley de la Guardia Nacional y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia conforman un tríptico inquietante que concentra un poder desmedido en manos del Estado, otorgándole acceso sin precedentes a nuestros datos personales. ¿El pretexto? La seguridad. ¿La realidad? Un control social orwelliano que amenaza con silenciar las voces disidentes.

Imaginen un México donde cada paso, cada transacción, cada conversación, esté bajo la lupa del gobierno. Un México donde la privacidad sea un lujo del pasado. Con la excusa de combatir el crimen, se nos despoja de la presunción de inocencia y se normaliza la vigilancia masiva. La geolocalización, los datos bancarios, la información biométrica… todo queda a merced de las autoridades, sin la necesidad de una orden judicial, sin la supervisión de un juez imparcial. Basta la sospecha, la intuición, o incluso la simple discrepancia política, para justificar el acceso a la intimidad de cualquier ciudadano.

Este nuevo panorama legal no solo vulnera nuestros derechos fundamentales, sino que resucita los fantasmas de un pasado autoritario que creíamos superado. La Dirección Federal de Seguridad (DFS), con su siniestro historial de persecución política y espionaje interno, no ha desaparecido, simplemente ha mutado, adaptándose a los tiempos modernos. Las nuevas leyes son la herramienta perfecta para replicar sus prácticas opresivas con una eficacia tecnológica inimaginable en el pasado.

La historia nos enseña que el poder sin control corrompe. Y en México, la falta de transparencia y la impunidad son el caldo de cultivo perfecto para el abuso. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Qué garantías tenemos de que esta información no será utilizada para fines políticos, para silenciar a la oposición, para perseguir a los críticos? La respuesta es desoladora: ninguna. Se nos pide que confiemos ciegamente en un sistema que ha demostrado una y otra vez su incapacidad para protegernos, un sistema que históricamente ha utilizado sus recursos para reprimir y controlar.

La preocupación trasciende el ámbito individual. El debilitamiento del Estado de Derecho y la erosión de las garantías fundamentales son una amenaza para la democracia misma. Un país donde el gobierno puede acceder a la información privada de sus ciudadanos sin control alguno, es un país al borde del autoritarismo. Un país donde la ley no protege al ciudadano, sino que lo vigila, es un país donde la libertad es una ilusión.

La urgencia de la situación exige una respuesta contundente por parte de la sociedad civil. No podemos permanecer pasivos mientras se desmantelan los pilares de nuestra democracia. Debemos exigir transparencia, rendición de cuentas y un control efectivo sobre las nuevas facultades de vigilancia del Estado. El futuro de nuestras libertades está en juego.

Y mientras la incertidumbre se apodera del país, dos notas adicionales añaden aún más inquietud al panorama: la investigación en curso sobre CIBanco e Intercam, que amenaza con extenderse a otras instituciones financieras, y la inminente revelación de información comprometedora sobre servidores públicos vinculados al crimen organizado. El sistema financiero tiembla y las sombras del poder se alargan, presagiando una tormenta que podría cambiar el rumbo de México.