La lucha por la inclusión laboral de la comunidad LGBTQ+ en México continúa. Si bien se han logrado avances significativos en la visibilización y sensibilización sobre la discriminación que enfrentan estas personas, la falta de una cuota obligatoria en el sector privado sigue siendo un obstáculo para su plena integración en el mercado laboral. Mientras que las sanciones económicas por discriminación existen, la realidad es que no han sido suficientes para erradicar prácticas discriminatorias, especialmente en los procesos de contratación, donde la subjetividad y los prejuicios aún prevalecen.

La propuesta de una cuota laboral del 3% a nivel nacional, similar a la existente para personas con discapacidad, representa un paso crucial hacia la equidad. Esta medida no solo busca garantizar la presencia de personas LGBTQ+ en los espacios de trabajo, sino también su acceso a puestos de liderazgo y toma de decisiones, promoviendo así una verdadera representación de la diversidad en todos los niveles jerárquicos. Imaginen un entorno laboral donde la orientación sexual y la identidad de género no sean un impedimento para el desarrollo profesional, donde el talento y las capacidades sean los únicos criterios de evaluación. Esta es la visión que impulsa la propuesta de la cuota laboral.

Nayarit se posiciona como un estado pionero en la implementación de políticas inclusivas. La cuota del 1% para personas trans en la administración pública y las estrategias de inclusión LGBTQ+ en el ámbito gubernamental demuestran un compromiso tangible con la igualdad de oportunidades. Además, la cuota política LGBTQ+ en los comicios locales refuerza la representatividad de la diversidad sexual en la esfera política. Estas iniciativas, sin duda, sirven como ejemplo para otros estados y para el país en su conjunto.

Sin embargo, la tarea no está completa. La ausencia de una legislación a nivel nacional que obligue al sector privado a implementar políticas de contratación inclusiva perpetúa la discriminación y limita las oportunidades laborales de las personas LGBTQ+. Las campañas de sensibilización y el reconocimiento a empresas con buenas prácticas son importantes, pero no suficientes. Se necesita un marco legal que establezca consecuencias claras para quienes discriminen, que incentive la creación de entornos laborales seguros e inclusivos, y que garantice la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

El camino hacia la inclusión plena requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad, el gobierno y el sector privado. La educación, la capacitación y la creación de espacios seguros son pilares fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa. Es necesario trascender la simple tolerancia y avanzar hacia la verdadera inclusión, donde la diversidad sea valorada como una riqueza y no como un obstáculo. El futuro del trabajo debe ser un futuro inclusivo, donde todas las personas tengan la oportunidad de desarrollar su potencial y contribuir al progreso social.