La implementación del REDAM en la Ciudad de México marca un hito en la lucha por los derechos de la niñez. No podemos seguir permitiendo que la responsabilidad de la crianza recaiga únicamente en las madres, mientras muchos padres evaden su obligación, escondiéndose en las sombras de la impunidad. Este registro, impulsado por la jefa de gobierno, Clara Brugada, no se limita a ser una base de datos, sino que se convierte en una herramienta poderosa que saca a la luz a quienes incumplen con la pensión alimentaria, impidiéndoles acceder a cargos públicos, trámites importantes e incluso afectando su historial crediticio. Es una declaración contundente: la paternidad responsable no es opcional.

El REDAM, además de ser una sanción social, conlleva implicaciones legales que antes eran impensables para los deudores alimentarios. Imagine la frustración de un padre ausente que, acostumbrado a la impunidad, se ve de pronto imposibilitado para obtener un pasaporte o una licencia de conducir. La imposibilidad de realizar actos notariales o incluso contraer matrimonio se convierte en un recordatorio constante de la responsabilidad que ha evadido. Este impacto en su vida cotidiana es crucial para cambiar la cultura de la irresponsabilidad y garantizar el bienestar de los niños.

Es cierto que el REDAM es un paso fundamental, pero no podemos cantar victoria. Aún existen lagunas legales que permiten a algunos padres, en su mayoría varones, utilizar las disputas por la custodia como un escudo para evadir la pensión alimentaria. Es indignante que algunos jueces, en lugar de velar por el interés superior de los niños, se presten a este tipo de maniobras, perpetuando la desigualdad de género y dejando a las madres solas en la ardua tarea de la crianza. Necesitamos una reforma judicial profunda que ponga fin a estas prácticas y garantice que la justicia esté del lado de quienes más lo necesitan.

La transparencia proactiva del REDAM empodera a las mujeres, permitiéndoles identificar a aquellos hombres que incumplen con sus obligaciones parentales. Esto no se trata de venganza, sino de justicia y equilibrio. La crianza no debe ser una carga exclusiva de las madres ni un tema que se resuelva en los tribunales. Se trata de construir una sociedad donde la responsabilidad parental sea compartida y donde los niños tengan garantizado el apoyo de ambos padres.

La Ley Sabina, que da sustento al REDAM, es el resultado de años de lucha por los derechos de la niñez. En la Ciudad de México, esta ley se materializa en una herramienta concreta, con consecuencias reales para los deudores. Es una muestra del compromiso de la jefa de gobierno, Clara Brugada, con la construcción de una ciudad que prioriza el cuidado y la protección de los más vulnerables.

Si bien México ha logrado avances significativos en materia de igualdad de género, la verdadera igualdad se construye en el día a día, en el reparto equitativo de las responsabilidades. El REDAM es un paso crucial en esta dirección, un mensaje claro para la sociedad: la paternidad responsable no es negociable. En una ciudad que aspira a ser vanguardia en el cuidado, la impunidad de los deudores alimentarios simplemente no tiene cabida. Este es un llamado a la reflexión, a la acción y a la construcción de un futuro donde la niñez sea verdaderamente protegida y sus derechos garantizados.