La negativa de México a colaborar plenamente con Estados Unidos en la lucha contra los cárteles de la droga ha detonado una serie de consecuencias que ponen en jaque al sistema financiero nacional. La reciente acción del Tesoro estadounidense contra CI Banco, Intercam y Vector, derivada de una lista de 400 empresas sospechosas proporcionada por Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, durante las negociaciones con el gobierno de Trump, es solo la punta del iceberg. La falta de entrega de información por parte de la UIF y el SAT, a pesar de las solicitudes del Tesoro estadounidense, ha generado un clima de tensión e incertidumbre. Si bien la postura del gobierno mexicano defiende la soberanía nacional, la incapacidad para manejar la situación y prever las represalias ha generado críticas internas, incluso dentro del círculo cercano a la presidenta Sheinbaum. Se cuestiona la eficacia de las autoridades hacendarias, quienes, a pesar de tener la información, no lograron contener el golpe.

Este episodio no es un hecho aislado, sino el preludio de futuras acciones. La información proporcionada por CI Banco, Intercam y Vector revela conexiones con otras instituciones financieras, poniendo en la mira a Monex, Actinver y Value. Un eventual señalamiento a estas instituciones, especialmente a Monex y Actinver, tendría un impacto sistémico mayor debido a su alta transaccionalidad, con consecuencias devastadoras para la comunidad empresarial, dada su estrecha relación con importantes hombres de negocios y empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores. El caso de Value, al igual que Vector, reviste especial interés por ser la casa de bolsa predilecta de Monterrey, con una cartera de clientes de alto perfil y una historia ligada a figuras políticas influyentes. La participación de Gonzalo López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, añade otra capa de complejidad al asunto.

Ante este panorama, la figura del Secretario de Hacienda, Edgar Amador, se encuentra en el ojo del huracán. Se cuestiona su capacidad política para negociar con el Tesoro estadounidense y defender al sector financiero mexicano. La ofensiva liderada por Scott Bessent no cesará, y se avecinan más denuncias contra bancos e intermediarios financieros por lavado de dinero. Para enfrentar esta crisis, se está conformando un equipo de alto nivel con la participación de figuras clave del gabinete, como Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, con el objetivo de contener los daños y buscar un diálogo con las autoridades estadounidenses. Sin embargo, la falta de urgencia por parte de Washington, enfocado en otros asuntos internacionales, agrava la situación y prolonga la incertidumbre para el sistema financiero mexicano.

Más allá de la coyuntura financiera, otros problemas aquejan al país. El Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), liderado por Alejandro Martínez Araiza, se ve envuelto en acusaciones de irregularidades financieras y falta de transparencia en el manejo de las cuotas sindicales. El adelanto de las elecciones y la reelección de Martínez generan sospechas y denuncias por parte de trabajadores disidentes, quienes exigen una rendición de cuentas y una investigación sobre el patrimonio del sindicato. Por otro lado, la fallida licitación del IMSS para la distribución de medicamentos e insumos, declarada desierta por Birmex, evidencia la ineficiencia y la falta de planificación en el sector salud. La ambiciosa licitación, que pretendía asignar un negocio millonario, se vio frustrada por la incapacidad del laboratorio del gobierno para adquirir el material necesario.

La creciente presión de Estados Unidos y los problemas internos en el sistema financiero y el sector salud, hacen evidente la necesidad de cambios en áreas clave del gobierno. La falta de información y la incapacidad para gestionar las crisis exigen una respuesta contundente por parte de la Presidenta. La permanencia de Pablo Gómez en la UIF, Alejandro Gertz Manero en la FGR y Jesús de la Fuente en la CNBV está en tela de juicio, y se espera una reestructuración que permita afrontar los desafíos con mayor eficacia y transparencia. El futuro de la relación bilateral con Estados Unidos y la estabilidad del sistema financiero mexicano dependen de las decisiones que se tomen en los próximos días.