La sombra de la tragedia se cierne sobre Ciudad Juárez. Mientras 383 almas descansan, o mejor dicho, yacen en un crematorio clandestino, en condiciones que desafían la dignidad humana, la vida pública continúa su curso. Una ironía cruel que contrapone la festividad de la Cabalgata Villista con el horror del descubrimiento en el crematorio Plenitud. El alcalde Cruz Pérez Cuéllar, figura central en esta dicotomía, encabezó la tradicional cabalgata, un evento que celebra la figura legendaria de Francisco Villa, símbolo de revolución y justicia. Imágenes del alcalde a caballo, compartidas en sus redes sociales, contrastan fuertemente con la cruda realidad que viven cientos de familias juarenses, quienes ahora se enfrentan a la incertidumbre de no saber si las cenizas que guardan en urnas realmente pertenecen a sus seres queridos.

¿Cómo es posible que en una ciudad donde se celebra la justicia y la memoria histórica, un crematorio opere durante años en la clandestinidad, sin permisos, sin las mínimas condiciones de salubridad y respeto por los difuntos? La respuesta a esta pregunta es la que claman a gritos las familias afectadas, quienes confiaron en instituciones que, al parecer, fallaron en su deber de vigilancia y control.

Pérez Cuéllar, en medio de la tormenta, se declara abierto a las investigaciones, ofrece colaboración a las autoridades y asegura que se aplicará todo el peso de la ley. Palabras que, sin embargo, suenan huecas ante la magnitud de la tragedia y la evidente falta de control que permitió que este macabro escenario se desarrollara impunemente durante años. ¿Acaso no es responsabilidad del gobierno municipal garantizar la operación legal y ética de los establecimientos dentro de su jurisdicción? ¿Cómo pudo pasar desapercibido un crematorio que, según las investigaciones, operaba sin energía eléctrica, agua potable, cámaras de refrigeración funcionales, y lo más grave, sin un horno crematorio en operación? Las preguntas se acumulan, y la indignación crece.

Más allá de la responsabilidad legal, se plantea una cuestión ética fundamental: ¿cómo se repara el daño a las familias que recibieron cenizas falsas, que lloraron y despidieron a sus seres queridos en un engaño macabro? La Fiscalía General de Chihuahua tiene la ardua tarea de identificar los 383 cuerpos, una labor titánica que requiere rigor científico y, sobre todo, sensibilidad humana. Más de 600 familias esperan con angustia los resultados, aferrándose a la esperanza de encontrar la verdad, de poder finalmente dar un último adiós digno a sus seres queridos.

Mientras la Cabalgata Villista recorre su camino, en Ciudad Juárez se libra otra batalla, la de la verdad y la justicia. Una batalla que exige respuestas, que demanda responsabilidades y que, sobre todo, clama por la dignidad de los que ya no están y el consuelo de los que aún lloran su ausencia. La herida abierta en el corazón de Juárez necesita más que palabras, necesita acciones concretas que sanen la profunda desconfianza en las instituciones y que garanticen que una tragedia como esta nunca vuelva a ocurrir. El recuerdo de las 383 almas encontradas en el crematorio Plenitud debe ser un recordatorio constante de la importancia de la vigilancia, la transparencia y el respeto a la dignidad humana, incluso, y especialmente, en la muerte.