La gentrificación, ese silencioso tsunami que arrasa con el tejido social de nuestros barrios, se ha convertido en un desafío crucial para las ciudades progresistas del siglo XXI. No se trata simplemente de un cambio de paisaje urbano, sino de la expulsión sistemática de los más vulnerables, de aquellos que han dado vida y color a las calles durante generaciones, forzados a abandonar sus hogares ante la imparable ola de la especulación inmobiliaria. La lógica del mercado, implacable y a menudo despiadada, empuja a las familias de menores ingresos hacia la periferia, desgarrando comunidades y creando guetos de desigualdad.

El reto para los gobiernos progresistas reside en encontrar el delicado equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección de los derechos de sus habitantes. Se trata de impulsar el progreso sin dejar a nadie atrás, de construir ciudades modernas e inclusivas donde la prosperidad sea compartida y no un privilegio de unos pocos.

En la Ciudad de México, hemos sido testigos de diferentes enfoques para afrontar este complejo problema. El bando dos, promovido durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, buscó revitalizar el centro histórico y contener el avance descontrolado de la construcción en la periferia, con la intención de frenar la expulsión de los habitantes de los pueblos originarios. Sin embargo, la posterior gestión de Miguel Ángel Mancera representó un preocupante retroceso. La proliferación indiscriminada de centros comerciales y complejos habitacionales de lujo, como el controvertido proyecto en la Presa Anzaldo, aceleró el proceso de desplazamiento social, ignorando las consecuencias ambientales y sociales. Un ejemplo claro de cómo la priorización de intereses económicos puede generar profundas heridas en el tejido urbano.

Ante este escenario, la llegada de Claudia Sheinbaum al gobierno capitalino marcó un punto de inflexión. Su administración se enfocó en mitigar los efectos del desordenado desarrollo urbano heredado, poniendo freno a la construcción indiscriminada de megatorres y promoviendo la creación de vivienda social. Se buscó atender las necesidades de las familias que vivían en situación de calle, así como las de las comunidades indígenas, priorizando la construcción de infraestructura social, como escuelas y centros comunitarios, en las zonas más vulnerables.

Durante mi propia gestión como Jefe de Gobierno, implementamos una serie de medidas para contener el imparable aumento de las rentas, estableciendo un límite vinculado al índice inflacionario y creando un registro de contratos de arrendamiento para brindar mayor seguridad jurídica a los inquilinos. Asimismo, impulsamos la construcción de vivienda en renta a precios accesibles para jóvenes y se destinaron viviendas a bajo costo en zonas centrales, obtenidas a través de la reconstrucción. Se incrementó sustancialmente el presupuesto para la construcción de vivienda social y se restringió el uso de mecanismos como la transferencia de potencialidades en las Áreas de Protección Patrimonial de los pueblos originarios. También se implementaron reformas a la Ley para regular el uso de plataformas de hospedaje como Airbnb, buscando mitigar su impacto en el mercado de vivienda.

Es fundamental que las futuras administraciones, como la de Clara Brugada, continúen profundizando estas políticas y explorando nuevas estrategias para garantizar el derecho a la ciudad para todos. La defensa del espacio público, la promoción de la vivienda asequible y la protección de los barrios tradicionales son pilares fundamentales para construir una ciudad más justa, equitativa y sostenible. La gentrificación no es un fenómeno inevitable, sino un desafío que podemos y debemos superar con políticas públicas innovadoras y una visión a largo plazo que priorice el bienestar de todas las familias, especialmente las de menores recursos. El futuro de nuestras ciudades depende de nuestra capacidad para construir un modelo de desarrollo urbano que sea sinónimo de inclusión y no de exclusión.