La reciente aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia ha desatado una ola de desinformación y especulaciones, orquestada principalmente por la oposición. Se han esgrimido argumentos alarmistas, acusando al gobierno de implementar un "estado espía" y vulnerar los derechos ciudadanos. Sin embargo, un análisis objetivo de la ley desmonta estas falsedades y revela una realidad muy distinta.

Lejos de ser una herramienta de vigilancia masiva, la ley busca fortalecer la capacidad del Estado para combatir la delincuencia organizada y los delitos de alto impacto. Se centra en mejorar la coordinación entre las distintas agencias de inteligencia y optimizar el uso de la información, siempre bajo el estricto control judicial. Es crucial entender que ninguna acción de investigación, como la geolocalización o la intervención de comunicaciones, puede llevarse a cabo sin la autorización previa de un juez. Este requisito fundamental, consagrado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, desmiente categóricamente la idea de un espionaje indiscriminado.

La oposición, en su afán de desprestigiar al gobierno, ha recurrido a la distorsión y la exageración. Han difundido la falsa idea de que la ley permite al Estado monitorear todos los movimientos de los ciudadanos. Nada más lejos de la realidad. La plataforma de inteligencia propuesta busca centralizar información ya existente, dispersa en diversas instituciones, para agilizar las investigaciones y mejorar la respuesta ante delitos graves como homicidios, secuestros y desapariciones. No se trata de crear nuevas bases de datos para vigilar a la población, sino de optimizar el uso de la información disponible, respetando siempre los derechos y libertades individuales.

Otro argumento falaz es la supuesta militarización de la inteligencia. Se acusa al gobierno de otorgar a las Fuerzas Armadas un poder excesivo en la recopilación y análisis de información. Sin embargo, la ley establece claramente que el sistema estará bajo coordinación civil y que todas las actividades estarán sujetas al marco legal vigente. La participación de las Fuerzas Armadas se limita a áreas específicas y siempre bajo la supervisión de las autoridades civiles. No se les autoriza a realizar actividades de inteligencia fuera del ámbito judicial ni a intervenir en la vida civil.

La protección de los datos personales es una preocupación legítima, y la ley la aborda con seriedad. Establece mecanismos rigurosos para garantizar la confidencialidad y la seguridad de la información recabada. Los datos solo podrán ser utilizados para fines de investigación criminal y deberán ser destruidos si no se utilizan como prueba. Además, se establecen protocolos de rendición de cuentas para asegurar la transparencia y evitar abusos.

Es fundamental que la ciudadanía no se deje engañar por la propaganda alarmista de la oposición. La nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia es una herramienta esencial para fortalecer la seguridad pública y combatir la delincuencia. En lugar de sembrar miedo y desconfianza, debemos informarnos responsablemente y analizar los hechos con objetividad. La desinformación solo beneficia a quienes buscan desestabilizar al gobierno y obstaculizar los esfuerzos para construir un país más seguro y justo. Es nuestro deber, como ciudadanos, exigir un debate público informado y basado en la verdad, no en las mentiras y manipulaciones.