La democracia mexicana se encuentra en una encrucijada crítica. Lo que comenzó como una victoria electoral para Morena y sus aliados en 2024 se ha transformado en una sistemática erosión de las instituciones democráticas, un camino peligroso hacia el autoritarismo que amenaza nuestras libertades fundamentales. No son meras especulaciones, sino hechos concretos, un patrón de conducta que dibuja un panorama preocupante.

El primer paso en esta marcha hacia la concentración del poder fue, irónicamente, el triunfo electoral. Una victoria que, lejos de ser utilizada para fortalecer la democracia, se convirtió en el trampolín para una serie de maniobras que buscan desmantelar los contrapesos del poder. La conformación ilegal de mayorías parlamentarias, no reflejadas en las urnas, fue la llave maestra para modificar la Constitución a su antojo, ignorando la voluntad popular expresada en las elecciones.

Este segundo paso, la manipulación del poder legislativo, se logró mediante tácticas reprobables. Amenazas, intimidación, compra de votos y chantaje a senadores de la oposición, así como presiones a magistrados electorales y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un espectáculo vergonzoso, desplegado a plena luz del día, sin recato alguno. Un auténtico golpe de Estado, la toma del control de un poder del Estado mexicano mediante la construcción de una mayoría artificial e ilegítima.

El tercer paso en esta escalada autoritaria fue el asalto al Poder Judicial. Una elección de jueces, magistrados y ministros plagada de irregularidades, un proceso simulado cuyos resultados coincidían sospechosamente con listas predefinidas que circularon entre operadores de Morena. Un fraude disfrazado de reforma, otro golpe a las instituciones democráticas.

La consolidación del poder absoluto requería un cuarto paso: el desmantelamiento de cualquier obstáculo que limitara su ejercicio. Instituciones clave para el equilibrio y el control democrático, como el INAI, la Cofece, el IFT, el Coneval, y muchas otras, han sido eliminadas o absorbidas por el Ejecutivo. Todo aquello que represente control o fiscalización independiente es considerado enemigo y, por lo tanto, desaparece.

Finalmente, el quinto y escalofriante paso: el Estado vigilante. La instauración de un régimen de control autoritario, de vigilancia omnipresente a los ciudadanos. Con la aprobación de la llamada "Ley Espía", el gobierno tiene acceso ilimitado, sin necesidad de autorización judicial, a nuestras bases de datos: biométricas, fiscales, telefónicas, médicas, bancarias y de geolocalización. Todos, sin excepción, estamos bajo la lupa del gobierno, rastreados en tiempo real, sin filtros ni rendición de cuentas. La disidencia se convierte en un acto de rebeldía, bajo la sombra constante del Gran Hermano orwelliano.

No se trata de un gobierno fuerte, sino de un gobierno autoritario, un poder sin límites que desmantela sistemáticamente las bases de nuestra democracia. Es imperativo reconocer la gravedad de la situación y defender nuestras libertades antes de que sea demasiado tarde. El futuro de México está en juego.