La figura del Ombudsman, un defensor del pueblo ajeno a la esfera judicial, se ha extendido globalmente adoptando nombres como Defensor del Pueblo en España, Médiateur en Francia, Defensor de los Habitantes en Costa Rica y Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México. Su esencia radica en la defensa no jurisdiccional de los derechos humanos, un concepto incompatible con regímenes autoritarios. Su labor investigadora se centra en posibles violaciones a estos derechos, buscando soluciones que van desde la amigable composición, útil en casos menos graves, hasta la emisión de recomendaciones públicas en situaciones de mayor envergadura.

La amigable composición, un mecanismo ágil y efectivo, busca el entendimiento entre las partes involucradas. A través del diálogo y la cooperación, se busca que la autoridad responsable subsane las irregularidades e implemente medidas para evitar su repetición. Incluso, se puede llegar a acuerdos para sancionar a los responsables directos de la violación de derechos. Esta vía privilegia la resolución pacífica y la reparación del daño, evitando procesos largos y complejos.

En casos de violaciones graves a la dignidad humana, el Ombudsman, tras una exhaustiva investigación documentada con pruebas sólidas, emite una recomendación pública. Es crucial entender que en un sistema democrático, la fuerza de estas recomendaciones reside en el poder de la opinión pública y el costo político que implica para las autoridades ignorarlas. No se trata de una imposición legal, sino de una persuasión moral fundamentada en la evidencia y el compromiso con los derechos humanos.

En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con más de tres décadas de existencia, forma parte de un extenso sistema nacional de defensa no jurisdiccional de los derechos humanos. Recientemente, han surgido propuestas para transformar la institución con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos humanos. Sin embargo, es fundamental analizar con cautela estas propuestas y evitar caer en cambios superficiales.

Cambiar el nombre de CNDH a Defensoría del Pueblo, por ejemplo, es una modificación meramente semántica que no aborda los retos de fondo. Dotar a las recomendaciones de fuerza obligatoria desvirtuaría la naturaleza no jurisdiccional del Ombudsman, creando un conflicto de competencias con el Poder Judicial. La eficacia de la CNDH no radica en su nombre ni en la obligatoriedad de sus recomendaciones, sino en la solidez de su trabajo, la seriedad de sus investigaciones y el compromiso de su personal.

El verdadero prestigio de la CNDH se construye día a día, con cada investigación rigurosa, con cada recomendación fundamentada y con la imparcialidad de su actuación. La neutralidad política es esencial para su legitimidad. No debe ser ni enemigo ni aliado del gobierno, sino un órgano técnico que opere con profesionalismo, guiado por la evidencia y el respeto a los derechos humanos. La propaganda ideológica y partidista no debe influir en su labor. Su función es la defensa del pueblo, y esa defensa se fortalece con la independencia, la objetividad y el compromiso con la verdad.