La narrativa oficial intenta minimizar la gravedad de la nueva legislación sobre inteligencia, presentándola como una herramienta necesaria para combatir la inseguridad. Personajes influyentes, antes críticos con la militarización y la expansión del poder estatal, ahora justifican estas medidas con argumentos de "razón de Estado". Se nos pide, con una condescendencia que roza la insolencia, que no caigamos en la "psicosis colectiva" y que confiemos ciegamente en un gobierno que ha demostrado una y otra vez su propensión a abusar del poder. Nos dicen que no exageremos, que la situación de seguridad exige medidas extraordinarias. Pero, ¿qué es más extraordinario que entregarle al Estado la capacidad de vigilar nuestras vidas privadas sin control judicial ni garantías procesales?

El verdadero peligro no radica únicamente en la geolocalización, como algunos sectores de la oposición han señalado. El problema es mucho más profundo. Se está construyendo una arquitectura de vigilancia masiva, una red invisible que nos envuelve a todos. No se trata de una sola ley, sino de un conjunto de reformas legislativas que, combinadas, otorgan a la Secretaría de Seguridad, y por extensión a las fuerzas militares, acceso irrestricto a cualquier base de datos, pública o privada. Imaginen el poder que esto representa: acceso a nuestros registros telefónicos, datos biométricos, historiales médicos, transacciones financieras, comunicaciones digitales… todo bajo el pretexto de la seguridad nacional.

Nos dicen que necesitamos "mano dura" contra el crimen, que el Estado necesita herramientas para combatir a los delincuentes. Pero lo que estamos presenciando es una perversión de esa lógica. Se nos vendió la idea de que se dotaría al Estado de capacidades extraordinarias, pero reguladas, para enfrentar amenazas específicas. Lo que se está haciendo es normalizar el uso de herramientas de guerra contra la población civil. Se está borrando la línea entre seguridad nacional y seguridad pública, y en ese proceso se nos está despojando de nuestros derechos fundamentales.

La militarización del país, que en su momento se justificó como una medida excepcional, se ha convertido en la norma. Ahora, el espionaje masivo sigue el mismo camino. Lo que antes se consideraba una intrusión inaceptable en la vida privada, hoy se presenta como una necesidad inevitable. Y lo más preocupante es que muchos de los que antes denunciaban estos excesos ahora los aplauden, convertidos en cómplices de un régimen que avanza inexorablemente hacia el autoritarismo.

El obradorismo se ha nutrido no solo de cínicos, sino también de "tontos útiles", personas bienintencionadas que, cegadas por la retórica oficial, han contribuido a legitimar la deriva autoritaria del gobierno. Las tiranías no se imponen únicamente por la fuerza, sino también por la complicidad, por la disposición de algunos a creer en las mentiras y a justificar lo injustificable. Es hora de despertar de ese letargo, de reconocer la gravedad de la situación y de defender nuestras libertades antes de que sea demasiado tarde. El silencio y la indiferencia son los mejores aliados del autoritarismo. No nos convirtamos en cómplices de nuestra propia opresión.