La sombra de la justicia estadounidense se extiende hasta las cálidas tierras sinaloenses. No es un hecho aislado, sino una tendencia preocupante que vuelve a resonar con la reciente detención de un ciudadano californiano en Navolato, acusado de homicidio en su país de origen. Su actitud evasiva ante la presencia de las fuerzas del orden –un convoy mixto del Ejército, Guardia Nacional, Marina, Policía Estatal Preventiva y Secretaría de Seguridad Pública– desató la sospecha que culminó en su captura y la posterior confirmación de su estatus como prófugo de la justicia. Ahora, bajo la custodia de Interpol México, se inicia el complejo proceso de extradición que lo enfrentará a las acusaciones en su contra.

Este caso nos obliga a mirar hacia un panorama más amplio, donde Sinaloa, con su compleja geografía y realidad social, se convierte en un punto en el mapa para aquellos que buscan escapar de las consecuencias de sus actos. No se trata simplemente de cruzar una frontera, sino de buscar la protección –muchas veces ilícita– que ofrecen las redes del crimen organizado. Un refugio que se paga con lealtades oscuras y que perpetúa el ciclo de violencia.

La historia reciente nos ofrece ejemplos escalofriantes. El nombre de Marco Ebben, narcotraficante holandés, resuena como un eco siniestro. Encontrado en 2023 operando bajo el manto protector del Cártel de Sinaloa, su historia terminó abruptamente en 2025, asesinado en el Estado de México mientras se ocultaba tras una identidad falsa. Un recordatorio brutal de que la vida al margen de la ley, incluso en un supuesto refugio, es una apuesta con un final casi siempre trágico.

La lista continúa. Jehonany Alexander “N”, buscado en Estados Unidos por una serie de delitos que incluían drogas, armas y asociación delictuosa, encontró en Culiacán un escondite temporal tras violar su libertad condicional. Su captura en 2024 y posterior entrega a las autoridades migratorias marcó otro capítulo en esta narrativa de fugitivos internacionales que buscan amparo en territorio mexicano.

Más recientemente, en marzo de este año, la detención de Gabriel “N” en el fraccionamiento Belcantto de Culiacán, acusado en Wyoming, Estados Unidos, de posesión de armas y conspiración para distribuir drogas, reafirma la preocupante tendencia. Su incumplimiento de la libertad condicional lo llevó a buscar refugio en Sinaloa, un destino que se ha vuelto recurrente para quienes intentan evadir la justicia internacional.

Estos casos dibujan un patrón inquietante: Sinaloa se ha convertido en un imán para individuos acusados de delitos graves, desde homicidio hasta narcotráfico, quienes buscan aprovechar las redes criminales que operan en la región. La promesa de impunidad, aunque ilusoria, parece ser un atractivo lo suficientemente poderoso como para arriesgarlo todo.

Ante esta realidad, la colaboración entre las autoridades mexicanas y estadounidenses se vuelve fundamental. El intercambio de información, la cooperación en las investigaciones y la agilización de los procesos de extradición son piezas clave para desmantelar las redes de apoyo que permiten a estos fugitivos encontrar refugio en México.

La seguridad es una responsabilidad compartida. La ciudadanía también juega un papel crucial en este esfuerzo. La denuncia anónima al 089 puede ser la pieza que faltaba para resolver un caso, para prevenir un delito o para romper el ciclo de impunidad que permite a estos individuos operar al margen de la ley. La seguridad no es solo tarea de las autoridades, es un compromiso de todos. Un compromiso que exige valentía, responsabilidad y la convicción de que un Sinaloa más seguro es posible.