La incertidumbre rodea al ambicioso proyecto del Metromex, el sistema de transporte masivo que promete revolucionar la movilidad en el Estado de México. A pesar de que la fecha límite para la adquisición de licitaciones ya ha vencido, generando dudas y especulaciones sobre su viabilidad, el Secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, insiste en que el proyecto no ha sido cancelado. Sus declaraciones, sin embargo, abren más interrogantes que respuestas.

Sibaja asegura que el Metromex se encuentra en una fase crucial, dependiente de la aprobación del Poder Legislativo en tres áreas clave: normativas, estudios financieros, y estudios y proyectos. Esta dependencia legislativa, de la que se desconocen los detalles específicos, deja un manto de incertidumbre sobre el futuro del proyecto. ¿Qué normativas son necesarias? ¿Qué tipo de estudios financieros se requieren y cuál es su estado actual? ¿En qué fase se encuentran los estudios y proyectos, y qué obstáculos podrían presentarse? La falta de transparencia en estos aspectos alimenta la desconfianza y las especulaciones.

La afirmación de que “no hagan suposiciones o conclusiones” resulta contradictoria ante la escasa información proporcionada. La opacidad en torno al proceso genera inevitablemente conjeturas. La ciudadanía necesita información clara y precisa para comprender la situación real del proyecto y evaluar su impacto en la movilidad de la región. ¿Se trata de un simple retraso burocrático o existen problemas de fondo que ponen en riesgo la viabilidad del Metromex?

Recordemos que el Metromex forma parte integral del Plan Colibrí, una ambiciosa estrategia de movilidad que busca mejorar la conexión entre el Estado de México y la Ciudad de México. Este plan, presentado con bombos y platillos, contempla la construcción de ocho líneas del Mexibús que se conectarían con el Metro de la capital. Sin embargo, la falta de avances concretos en el Metromex pone en tela de juicio la capacidad del gobierno para cumplir con los plazos y objetivos establecidos en el Plan Colibrí.

La Ley de Movilidad y Seguridad del Estado de México establecía el 3 de julio como fecha límite para la creación del Organismo Público Descentralizado del Sistema de Transporte Colectivo Metro Mexiquense. El incumplimiento de este plazo legal añade otra capa de complejidad al panorama. ¿Qué implicaciones legales tiene este retraso? ¿Se tomarán medidas para subsanar esta omisión? La falta de respuestas a estas preguntas contribuye a la creciente incertidumbre.

La reciente presentación del Plan Integral del Oriente del Estado de México, con un presupuesto de 2,900 millones de pesos para el transporte público, ha generado aún más controversia. Si bien se han destinado fondos al Trolebús de Ixtapaluca y al Mexibús de la Línea 3, la ausencia de una partida presupuestaria específica para el Metromex alimenta las sospechas sobre su cancelación. ¿Se ha relegado el Metromex a un segundo plano? ¿Se priorizan otros proyectos de transporte en detrimento del sistema de metro?

En resumen, el futuro del Metromex se encuentra envuelto en un manto de incertidumbre. La falta de transparencia, el incumplimiento de plazos legales y la ausencia de información concreta generan dudas y especulaciones sobre la viabilidad del proyecto. La ciudadanía exige respuestas claras y contundentes por parte de las autoridades. El Metromex representa una promesa de mejora en la movilidad de la región, y es fundamental que el gobierno brinde la información necesaria para disipar las dudas y garantizar la confianza de la población. El tiempo corre, y la incertidumbre no hace más que crecer.