La sombra del pacto entre Ovidio Guzmán, alias "El Ratón", y la justicia estadounidense se extiende larga y ominosa sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Más allá de la admisión de culpabilidad, este acuerdo revela una profunda fisura en la confianza entre ambos países, una desconfianza que se alimenta de la percepción de que Estados Unidos actúa unilateralmente en materia de seguridad, sin considerar las implicaciones para su vecino del sur. La crítica de la presidenta Sheinbaum, acusando a Estados Unidos de doble moral al negociar con figuras del narcotráfico a quienes simultáneamente etiqueta como terroristas, pone el dedo en la llaga de una herida abierta. El hecho de que estas negociaciones se lleven a cabo a espaldas de las autoridades mexicanas no hace más que agravar la situación, alimentando la sensación de que México es un actor secundario en la lucha contra el crimen organizado.

Si bien el gobierno actual ha intensificado sus esfuerzos en materia de seguridad, con cifras que reflejan un aumento significativo en las detenciones, el decomiso de drogas y la incautación de armas, la realidad es que el caso de Ovidio Guzmán pone en evidencia la fragilidad de estas acciones. La posibilidad de que su declaración involucre a una red extensa de complicidades, que abarca desde funcionarios y políticos hasta miembros de las fuerzas de seguridad e incluso civiles, representa una amenaza latente para la estabilidad del país. El alcance de estas revelaciones podría generar un terremoto político, fracturando el aparato estatal y exponiendo la corrupción que permea sus diferentes niveles.

La reacción del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, anunciando la revisión de la Ley de Extradición y los tratados internacionales, refleja la creciente tensión entre ambos países. El reclamo de reciprocidad por parte del gobierno mexicano subraya la asimetría en la relación bilateral, donde Estados Unidos parece dictar las reglas del juego. El caso de Julio César Chávez Jr., detenido recientemente por presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa, es otro ejemplo de la falta de cooperación y del desorden institucional que aún persiste en México. La falta de conocimiento por parte de la presidenta sobre la orden de aprehensión contra Chávez Jr., hasta que fue revelada por el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, es un síntoma preocupante de las fallas en la comunicación y la coordinación entre las autoridades de ambos países.

Los casos de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, aún en proceso, añaden otra capa de complejidad al panorama. La probable estrategia de Guzmán López de emular a su hermano para obtener beneficios judiciales sugiere que la vía de la negociación con la justicia estadounidense se ha convertido en una opción viable para los líderes del narcotráfico. Este precedente sienta un peligroso precedente, incentivando la búsqueda de acuerdos individuales por encima de la cooperación entre gobiernos.

En definitiva, el pacto con Ovidio Guzmán trasciende el ámbito judicial. Representa un punto de inflexión en la relación entre México y Estados Unidos, dejando al descubierto la profunda desconfianza y la falta de una estrategia conjunta en la lucha contra el narcotráfico. La decisión de Estados Unidos de actuar unilateralmente, sin considerar las implicaciones para México, pone en riesgo la estabilidad de la región y alimenta la percepción de que el gobierno mexicano es un mero espectador en una guerra que se libra en su propio territorio. El futuro de la cooperación bilateral dependerá de la capacidad de ambos países para reconstruir la confianza perdida y establecer un diálogo franco y efectivo que permita enfrentar el desafío del crimen organizado de manera conjunta y responsable. El tiempo dirá si este episodio marca el inicio de una nueva era de colaboración o si, por el contrario, consolida la tendencia hacia una confrontación cada vez más abierta y peligrosa.