La impunidad se pasea por los pasillos del Ayuntamiento de Zapopan. Un caso que pone los pelos de punta, el del director de Ordenamiento del Territorio, Juan Pablo Magaña Vázquez, nos muestra cómo la desobediencia a una sentencia judicial se convierte en la norma, amparada por la sombra protectora del propio presidente municipal. Magaña Vázquez, haciendo oídos sordos a la justicia, se negó a otorgar el uso de suelo a un predio, tal y como lo ordenaba la Magistrada Presidenta de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco. ¿La consecuencia? Un proceso por desacato y una orden de arresto que, hasta el momento, ha sido burlada con la complicidad del gobierno local.

Lo que indigna no es solo el desacato en sí, sino la indolencia del presidente municipal, Juan José Frangie, quien, ante semejante atropello a la legalidad, ha optado por el silencio y la inacción. Ni una declaración, ni una investigación interna, ni la más mínima muestra de reprobación. Pareciera que en Zapopan, la ley se dobla ante los caprichos de la autoridad. ¿Qué mensaje se envía a la ciudadanía con esta actitud? ¿Qué garantías tenemos los zapopanos si las sentencias judiciales pueden ser ignoradas sin consecuencia alguna?

La estrategia de Magaña Vázquez para evadir la justicia es digna de un manual de artimañas legales. Un amparo indirecto contra la magistrada que lo sentenció y contra la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, presentado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco. Un recurso desesperado para frenar la inminente detención y ganar tiempo. El expediente 1646/2025 se ha convertido en el escenario de una batalla legal plagada de incidentes, errores procesales y notificaciones erróneas. Todo un laberinto burocrático que parece diseñado para dilatar el proceso y agotar la paciencia de quien busca justicia.

La jueza Flor Nayelli Carreón García tiene en sus manos una decisión crucial. El próximo 8 de agosto, a las 10:25 horas, deberá decidir si el Estado de Derecho prevalece o si, por el contrario, se inclina ante la presión política y permite que la impunidad siga reinando en Zapopan. Su veredicto sentará un precedente y enviará un mensaje contundente a todos los funcionarios que creen estar por encima de la ley.

Mientras tanto, la ciudadanía observa con atención, esperando que la justicia, tarde o temprano, se imponga. La legalidad no puede seguir esperando su turno en Zapopan. La confianza en las instituciones se erosiona con cada día que pasa sin que se aplique la ley. Es hora de que las autoridades municipales asuman su responsabilidad y demuestren que el respeto al Estado de Derecho no es negociable. El caso de Magaña Vázquez no puede quedar impune. Es una prueba de fuego para la justicia en Jalisco y un llamado de atención para todos los ciudadanos que creemos en un país donde la ley se aplica a todos por igual.