La parálisis que afecta al Poder Judicial de la Ciudad de México, derivada del paro de labores en áreas jurisdiccionales, administrativas y de apoyo, se profundiza, tejiendo una red de consecuencias que van más allá de la mera suspensión de actividades. El eco de esta interrupción resuena en los cimientos mismos de la institución, comprometiendo no solo el curso de la justicia, sino también la estabilidad administrativa y financiera que la sustenta. La imposibilidad de acceder a las oficinas, como se comunicó oficialmente el 4 de julio, ha desencadenado una cascada de efectos que amenazan con desestabilizar el delicado equilibrio del sistema judicial.

La maquinaria administrativa, esencial para el funcionamiento de cualquier organismo, se encuentra prácticamente detenida. Trámites cruciales, desde la gestión de recursos hasta la atención ciudadana, se ven obstaculizados por la falta de acceso a la infraestructura y a los sistemas informáticos. Este bloqueo no solo ralentiza la operación diaria, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Poder Judicial para impartir justicia de manera eficiente y oportuna.

Uno de los puntos más críticos, y que sin duda genera mayor preocupación, es la interrupción del proceso de nómina. El acceso restringido a los sistemas informáticos ha impedido que el personal técnico y administrativo pueda llevar a cabo las tareas necesarias para el cálculo, validación y autorización de los pagos. Esta situación pone en riesgo el sustento de cientos de familias que dependen de la puntualidad de sus salarios y genera una incertidumbre que se suma a la tensión existente. La posibilidad de un incumplimiento en el pago de nómina no solo representa un problema financiero para los trabajadores, sino que también podría agravar el conflicto y dificultar aún más la búsqueda de una solución.

Pero el impacto de este paro no se limita al ámbito administrativo. La suspensión de las actividades de mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica representa una amenaza latente para la seguridad y operatividad de los inmuebles. La falta de inspecciones, mantenimientos preventivos y revisiones técnicas aumenta considerablemente el riesgo de fallas en sistemas críticos como la refrigeración, el suministro de agua, las plantas de emergencia, los elevadores y, crucialmente, los sistemas contraincendios. Un fallo en cualquiera de estos sistemas podría tener consecuencias devastadoras, poniendo en peligro la integridad de las instalaciones y la seguridad de quienes las ocupan.

En medio de este panorama complejo y preocupante, el Poder Judicial reitera su llamado al diálogo como la única vía para resolver el conflicto. La propuesta, plasmada en el Acuerdo V-73/2025, busca establecer un esquema de corresponsabilidad donde se atiendan las demandas del personal, sin represalias, a través de mesas de trabajo abiertas, ordenadas y con un seguimiento puntual. El objetivo es claro: garantizar la continuidad del servicio, respetando los derechos laborales de todos los trabajadores. La habilitación de un canal formal para la recepción de solicitudes por escrito refuerza este compromiso, ofreciendo una plataforma para que las y los trabajadores expresen sus inquietudes con la certeza de que serán escuchadas y atendidas. La búsqueda de una solución negociada, que equilibre las necesidades de los trabajadores con la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia, se presenta como el camino más viable para superar esta crisis y restablecer la normalidad en el Poder Judicial de la Ciudad de México.