La oposición, en su afán de desestabilizar y sembrar la discordia, ha recurrido a la táctica del escándalo fabricado. Sin siquiera molestarse en leer las reformas en materia de telecomunicaciones, han levantado la bandera de la “censura” y la “Ley Espía”, etiquetando un conjunto de leyes —algunas sobre colaboración institucional, otras sobre derechos de las audiencias y prevención del delito— con hashtags incendiarios, sin detenerse a analizar su contenido real. Su objetivo no es el debate constructivo ni la propuesta legislativa, sino la manipulación y el descrédito, apostando al desgaste del gobierno, incluso en causas legítimas. Buscan sembrar la desconfianza como única estrategia, porque carecen de proyecto, territorio y liderazgo. Su rutina se reduce a la mentira, la tergiversación y el grito de “autoritarismo” donde prevalece la legalidad. Fingen escándalo donde existe consenso y disfrazan su desesperación por el poder con una supuesta “preocupación democrática”.

Es importante destacar que estas reformas, en materia de Guardia Nacional, Inteligencia y Seguridad Pública, replican a nivel nacional la estrategia que logró reducir significativamente los delitos de alto impacto en la Ciudad de México. Lejos de vulnerar libertades ciudadanas, buscan fortalecer las capacidades del Estado para garantizar la seguridad de todos. La narrativa del espionaje es una falsedad. La Constitución protege nuestras comunicaciones privadas. Ninguna llamada, mensaje o ubicación puede ser intervenida sin una orden judicial debidamente fundada y motivada. La oposición sabe que una noticia falsa genera más ansiedad que cualquier aclaración legal, y por eso insisten en la mentira.

Pero el problema de fondo no es técnico, sino ético. La oposición carece de autoridad moral para hablar de libertades. Recordemos el sexenio de Felipe Calderón y el pacto de silencio firmado con cientos de medios de comunicación, un “Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia” diseñado para ocultar las masacres, desapariciones y crímenes de su guerra. Una censura institucionalizada para encubrir la tragedia. ¿Quiénes callaron ante ese horror vienen ahora a darnos lecciones de libertad de expresión? ¿Los mismos que contrataron Pegasus para espiar a periodistas, activistas e incluso a sus propios aliados, hoy se indignan porque se fortalece la inteligencia con controles judiciales?

La diferencia es abismal. Hoy tenemos un gobierno legítimo, que informa, debate, modifica leyes y escucha. Las reformas aprobadas no autorizan la vigilancia masiva, sino que refuerzan mecanismos institucionales respetando los derechos humanos, digitalizan trámites y amplían el acceso a derechos fundamentales como el internet. Se discutieron públicamente, se realizaron foros y se incorporaron propuestas. A pesar de ello, la oposición persiste en su mentira. No les interesa el fondo, sino la manipulación. No buscan mejorar nada, sino enturbiarlo todo. La “Ley Espía” es solo un pretexto. Lo que realmente anhelan es revivir el pacto de impunidad, ese en el que podían espiar sin rendir cuentas, censurar sin escándalo y pactar con medios para enterrar la verdad. Les incomoda que hoy se legisle con transparencia porque saben que ya no pueden operar en la oscuridad.

Este país ya no les pertenece. Hoy tenemos una Presidenta que gobierna de frente, sin simulaciones. Un gobierno que no necesita esconderse porque tiene legitimidad y proyecto. Una transformación que avanza, a pesar de los lamentos de quienes añoran sus privilegios perdidos.