La reciente declaración de Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), sobre la solidez del sistema bancario mexicano en la prevención del lavado de dinero, ha generado un intenso debate en el sector financiero. Sus palabras, pronunciadas en el contexto de las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre CiBanco e Intercam, buscan tranquilizar al público y a los inversionistas, destacando la capacidad de las instituciones financieras mexicanas para detectar y prevenir actividades ilícitas.

Mussali enfatiza que la banca mexicana se encuentra entre las más sólidas a nivel global, con niveles de capitalización y liquidez que duplican los mínimos regulatorios. Esta fortaleza, argumenta, es resultado de las lecciones aprendidas en el pasado, que han impulsado un fortalecimiento constante del sistema. Sin embargo, ¿son suficientes estas medidas para combatir la compleja red del lavado de dinero, especialmente en un país con la ubicación geográfica y las dinámicas comerciales de México?

La alusión a la adopción de los lineamientos del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y la reciente modificación de la ley para la prevención del lavado de dinero refuerzan la imagen de un sistema comprometido con la transparencia. No obstante, la eficacia de estas normas depende en gran medida de su implementación y del rigor con que se aplican. La pregunta clave es: ¿se traducen estas medidas en acciones concretas y resultados tangibles?

La justificación de los grandes pagos realizados desde México a países como China, argumentando que son producto de la dinámica comercial del país, abre un nuevo flanco de discusión. Si bien es cierto que México es un actor importante en el comercio internacional, este argumento no exime a las instituciones financieras de la responsabilidad de monitorear exhaustivamente estas transacciones. La magnitud de las operaciones no puede ser un escudo protector contra la posibilidad de que se utilicen para fines ilícitos.

La afirmación de que los bancos mexicanos tienen la obligación de reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes es fundamental. Sin embargo, la transparencia en este proceso es esencial para generar confianza. ¿Se publican informes periódicos sobre el número de reportes realizados y las acciones tomadas en consecuencia? ¿Existe un mecanismo independiente para auditar la efectividad de estos mecanismos de control?

El debate sobre la capacidad del sistema bancario mexicano para combatir el lavado de dinero está lejos de concluir. Las declaraciones de Romano Mussali son un paso importante para abrir el diálogo, pero se requiere mayor transparencia y un escrutinio constante para asegurar la integridad del sistema financiero. El futuro de la banca mexicana depende de su capacidad para demostrar, no solo con palabras, sino con acciones concretas, su compromiso en la lucha contra este delito. La confianza del público y la estabilidad del sistema financiero están en juego.