La irrupción violenta en la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar este miércoles ha dejado una profunda huella de preocupación en la comunidad educativa de la Ciudad de México. Las imágenes de mobiliario destrozado, paredes cubiertas de grafitis y documentos oficiales esparcidos por el suelo, contrastan dramáticamente con la misión de este espacio: la formación de las futuras generaciones. Más allá de los daños materiales, que sin duda son considerables y representan un gasto innecesario para el erario público, lo que realmente alarma es la normalización de la violencia como método de protesta.

La AEFCM, en su comunicado, ha sido clara: el derecho a la manifestación y la libre expresión son pilares fundamentales de nuestra democracia, pero estos derechos no pueden ejercerse a costa de la seguridad e integridad de las personas ni del patrimonio público. Es inaceptable que quienes se dicen representantes de los trabajadores de la educación recurran a tácticas que socavan los cimientos mismos del sistema que dicen defender. ¿Qué mensaje se envía a nuestros niños y niñas cuando quienes deberían ser ejemplo de diálogo y convivencia pacífica optan por la destrucción y el caos?

La destrucción de documentos oficiales, muchos de ellos relacionados con trámites sindicales, añade otra capa de complejidad al incidente. ¿Qué información contenían esos documentos? ¿A quiénes perjudica su destrucción? Estas preguntas flotan en el aire y exigen una respuesta clara y contundente por parte de las autoridades. La transparencia en este caso es crucial para restaurar la confianza y evitar especulaciones que solo contribuyen a la polarización.

El llamado al diálogo por parte de la AEFCM es un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Es imperativo que la CNTE reconsidere sus estrategias y opte por la vía institucional para la atención de sus demandas. La mesa de negociación es el espacio adecuado para debatir las diferencias y buscar soluciones conjuntas, no las calles ni las oficinas públicas. La educación es un bien común que debemos proteger entre todos, y eso implica un compromiso ineludible con la paz y el respeto a las instituciones.

Las consecuencias de este tipo de acciones van más allá de lo material. Generan un clima de inseguridad y desconfianza que afecta a toda la comunidad educativa, desde los docentes hasta los padres de familia, pasando por los propios alumnos. Es hora de apostar por la construcción de puentes en lugar de muros, por el diálogo en lugar de la imposición, por la educación como herramienta de transformación social. El futuro de nuestros niños y niñas depende de ello. La sociedad espera una respuesta firme y responsable por parte de todos los actores involucrados, una respuesta que esté a la altura de la importancia de la educación en la construcción de un país más justo y democrático.