La reciente entrevista concedida por la ministra Loretta Ortiz a El Heraldo de México ha generado un intenso debate en torno a la gestión de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña. Ortiz no escatimó en críticas, señalando que Piña no supo defender al Poder Judicial de la Federación (PJF) y que su administración distanció al máximo tribunal de la ciudadanía.

Según Ortiz, la Reforma Judicial, con sus implicaciones y consecuencias, podría haberse evitado si Piña hubiera actuado de manera diferente. La ministra argumenta que una estrategia más paulatina, comenzando por los ministros y el Tribunal de Disciplina Judicial, habría sido más adecuada. Incluso, llegó a afirmar que la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador con la iniciativa, presentada el 5 de febrero de 2024, se vio favorecida por la postura de Piña.

La politización de la Corte es otro de los puntos álgidos señalados por Ortiz. Asegura que las decisiones se tomaban con consignas preestablecidas, lo que comprometía la imparcialidad del proceso. El caso de la Ley de la Industria Eléctrica se presenta como un ejemplo de esta dinámica. La ministra lamentó la previsible naturaleza de las votaciones, insinuando una falta de debate genuino y fundamentado en argumentos jurídicos.

Los desencuentros públicos entre ministras, como el caso de Lenia Batres y Norma Piña, también fueron objeto de análisis. Ortiz considera que estas confrontaciones, sumadas a la inasistencia de Batres a algunas sesiones de la Segunda Sala, representan una conducta inapropiada para un órgano jurisdiccional. Insiste en la necesidad de basar el debate en argumentos jurídicos y no políticos, reivindicando la independencia del Poder Judicial.

La acumulación de aproximadamente mil doscientos asuntos pendientes es otro de los temas abordados. Ortiz atribuye esta situación a la intención de algunos ministros, como Lenia Batres y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de finalizar las sesiones antes de lo previsto. La ministra recuerda una sesión privada donde Batres habría expresado su necesidad de dedicarse a la campaña electoral, mientras que Gutiérrez Ortiz Mena manifestó su deseo de concluir sus labores. Esta decisión, según Ortiz, contradice su propuesta de extender las sesiones hasta mediados de agosto.

De cara al futuro, Ortiz propone agilizar la resolución de los casos pendientes. La reforma judicial establece un plazo de seis meses para resolver los asuntos, con la obligación de informar al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) en caso de incumplimiento. Entre sus propuestas, destaca la creación de una nueva ley nacional de mediación obligatoria.

La ministra también valoró positivamente la labor del TDJ en la prevención de situaciones irregulares. Recordó su experiencia como consejera de la Judicatura Federal, donde tuvo que ratificar a juzgadores con múltiples denuncias en su contra debido a la inacción de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA).

Finalmente, Ortiz hizo un llamado a denunciar los casos de acoso y abuso sexual dentro del PJF. Relató un caso particularmente impactante de un magistrado inhabilitado por años de abuso sexual contra mujeres, a quienes condicionaba la permanencia en sus puestos a cambio de favores sexuales. Este testimonio, según Ortiz, formará parte de un proyecto de trabajo que presentará a los ministros electos. La ministra busca generar un debate profundo y construir un Poder Judicial más transparente y justo.