La lucha contra el crimen organizado en México se libra en múltiples frentes, desde las calles hasta el Congreso. El reciente desmantelamiento de una importante red de huachicoleo, que operaba entre la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro, es una prueba fehaciente de la eficacia de la inteligencia policial y la coordinación interinstitucional. Seis meses de arduo trabajo de investigación culminaron en un operativo exitoso, con la detención de 32 presuntos delincuentes y la incautación de un arsenal de recursos ilícitos, incluyendo inmuebles, vehículos, armas y dinero en efectivo. Este logro no habría sido posible sin la sinergia entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, un ejemplo de cómo la colaboración estratégica puede dar golpes contundentes a la delincuencia.

Sin embargo, la victoria no nos debe cegar ante la magnitud del reto que aún tenemos por delante. El camino hacia la pacificación del país es largo y complejo, plagado de obstáculos y desafíos. La desarticulación de esta red de huachicoleo es un paso importante, pero no el definitivo. La lucha contra el crimen organizado requiere un compromiso sostenido, una visión a largo plazo y la implementación de estrategias integrales que aborden las causas profundas de la violencia.

La aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública es un avance significativo en este sentido. Esta nueva legislación dota a nuestras instituciones de las herramientas legales necesarias para fortalecer su organización, mejorar su actuación y reforzar los mecanismos de control de confianza. Es fundamental que estas herramientas se utilicen con responsabilidad y transparencia, siempre respetando los derechos humanos y el debido proceso.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en congruencia con las nuevas leyes y modificaciones aprobadas, marca la ruta a seguir. Es un marco de acción que busca no solo combatir el crimen, sino también construir un entorno de paz y seguridad para todos los mexicanos. La certeza jurídica en la actuación de las instituciones policiales y de la Guardia Nacional, la coordinación interinstitucional y el uso de nuevas tecnologías son pilares fundamentales de esta estrategia.

El llamado a la unidad nacional no es una simple retórica, es una necesidad imperante. La lucha contra la delincuencia no es una tarea exclusiva del gobierno, es una responsabilidad compartida por todos los sectores de la sociedad. La oposición tiene un papel crucial que desempeñar, aportando su experiencia y capacidades para construir un frente común contra la inseguridad. Dejemos atrás las diferencias ideológicas y los debates estériles, y concentrémonos en lo que realmente importa: la seguridad y el bienestar de nuestro país.

A los titulares de nuestras instituciones de seguridad y a las Fuerzas Armadas, les extiendo un reconocimiento por su compromiso y su labor incansable en la defensa de la nación. Su institucionalidad y su entrega son un ejemplo para todos los mexicanos. Los insto a continuar sumando esfuerzos, a redoblar sus capacidades y a trabajar con la convicción de que juntos podemos construir un México más seguro y próspero. La tarea es ardua, pero no imposible. Con perseverancia, determinación y unidad, podremos superar los desafíos y alcanzar la paz que tanto anhelamos.