La tragedia de Ciudad Juárez ha dejado al descubierto una profunda herida en el tejido social. Más allá del horror inimaginable del falso crematorio, lo que verdaderamente estremece es la aparente indiferencia de las autoridades. ¿Cómo es posible que un lugar donde se almacenaban cientos de cuerpos pudiera operar durante años sin que nadie se diera cuenta? La respuesta, aunque dolorosa, parece obvia: una combinación letal de negligencia, corrupción y una preocupante falta de control. Pérez Cuéllar, con sus aspiraciones políticas hechas cenizas, intenta lavarse las manos, argumentando que la supervisión de funerarias no es su responsabilidad. Pero esa excusa no consuela a las familias que ahora, con el corazón destrozado, buscan respuestas y un duelo que les fue robado. Este caso, lamentablemente, no es un incidente aislado. Es un síntoma de un mal mayor que aqueja a nuestro país: la impunidad. Mientras los responsables se escudan en tecnicismos legales, la justicia se convierte en una quimera para las víctimas. ¿Qué mensaje estamos enviando a la sociedad cuando la indolencia se premia con la indiferencia?

El escándalo del crematorio, sin embargo, trasciende las fronteras de Chihuahua. Se convierte en un espejo que refleja la fragilidad de nuestras instituciones y la urgencia de una profunda reforma en la gestión pública. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Y en Ciudad Juárez, la confianza se ha hecho añicos. Es imperativo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, que se depuren responsabilidades y que se implementen mecanismos de control efectivos para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir. No podemos permitir que el dolor de las familias se pierda en el olvido. Su clamor por justicia debe ser escuchado.

Mientras tanto, en la Suprema Corte, las tensiones internas se agudizan. La supuesta unidad del nuevo bloque afín a la 4T se desmorona ante la realidad de las ambiciones personales y las diferencias ideológicas. Las primeras escaramuzas entre los ministros, como la propuesta de Lenia Batres y el protagonismo digital de Arístides Guerrero, anticipan un escenario de turbulencias. La Corte, garante de la justicia y el equilibrio de poderes, se ve amenazada por la sombra de la politización. Es crucial que los ministros recuerden su compromiso con la Constitución y actúen con la imparcialidad y la prudencia que sus cargos demandan. El futuro de la democracia depende, en gran medida, de la independencia y la integridad del Poder Judicial.

En Baja California, el influencer Gustavo Macalpin se ha convertido en la piedra en el zapato de la gobernadora Marina del Pilar. Su crítica implacable, alimentada por la frustración de sus ambiciones políticas truncadas, ha generado un intenso debate en la esfera pública. ¿Es Macalpin un paladín de la verdad o un oportunista que busca capitalizar el descontento popular? Su creciente influencia en redes sociales plantea una pregunta fundamental: ¿cómo distinguir entre la crítica constructiva y el ataque personal en la era de la información digital? Las elecciones de 2027 se vislumbran como un escenario de confrontación, donde la popularidad en redes sociales podría jugar un papel decisivo. Sin embargo, la verdadera prueba para Macalpin será demostrar que su discurso trasciende la pantalla y se traduce en propuestas concretas para mejorar la vida de los ciudadanos. El tiempo dirá si su influencia digital se convierte en un verdadero poder político.