La reciente aprobación del paquete legislativo en materia de seguridad e inteligencia ha desatado una ola de reacciones, muchas de ellas viscerales y poco fundamentadas, que acusan al Estado de pretender instaurar un “gobierno espía”. Este tipo de discurso, cargado de maniqueísmo y simplificaciones, reduce un tema complejo y crucial para la seguridad nacional a una consigna alarmista. Confunde, deliberadamente o no, el acceso regulado y justificado a la información con el espionaje indiscriminado, obviando la necesidad de dotar al Estado de las herramientas necesarias para combatir la delincuencia en el siglo XXI.

Es fundamental comprender que el acceso a datos personales por parte del Estado, bajo un marco legal sólido y con la supervisión de instituciones independientes y el Poder Judicial, no representa una amenaza a las libertades civiles. Al contrario, se trata de un instrumento indispensable para la seguridad pública, la procuración de justicia y la protección de los derechos de los ciudadanos. Pretender que el Estado combata la criminalidad con las manos atadas, en un mundo cada vez más digitalizado, es no solo ingenuo, sino irresponsable. La inteligencia, como bien apunta Pérez Ricart, no es sinónimo de autoritarismo si se ejerce bajo controles democráticos. La clave reside en el equilibrio entre la necesidad de seguridad y la garantía de los derechos fundamentales.

La ineficacia del sistema de justicia en México es una realidad palpable. Las cifras del INEGI hablan por sí solas: la inmensa mayoría de los delitos no se denuncian o no se investigan. Ante esta alarmante situación, ¿cómo podemos exigir resultados si negamos al Estado las herramientas mínimas para operar? Policías sin acceso a datos en tiempo real, fiscalías trabajando con métodos obsoletos y tribunales saturados de expedientes inconexos son la consecuencia directa de una falta de inversión en tecnología y de una fragmentación institucional que perpetúa la impunidad. La interoperabilidad de las plataformas y el acceso a la información son cruciales para una actuación eficaz y coordinada de las fuerzas de seguridad.

La paradoja reside en la aparente contradicción entre el recelo hacia el Estado y la despreocupación con la que cedemos nuestros datos a empresas privadas. Diariamente, entregamos información biométrica, hábitos de consumo, preferencias políticas e incluso conversaciones privadas a bancos, redes sociales, aplicaciones móviles y un largo etcétera. Aceptamos, casi sin cuestionarlo, el reconocimiento facial, el rastreo GPS y el análisis de nuestros datos por parte de estas compañías. Sin embargo, nos resistimos a que el Estado, el único actor legítimamente autorizado para el uso de la fuerza pública y la procuración de justicia, tenga acceso a información crucial para prevenir delitos, identificar cuerpos o esclarecer desapariciones. ¿Se trata de una genuina defensa de la privacidad o, más bien, de una cómoda autocomplacencia que nos exime de asumir la responsabilidad colectiva en la construcción de un país más seguro?

La verdadera amenaza no es un Estado que accede a la información bajo un marco legal y con la debida supervisión, sino un Estado ciego, incapaz de responder a las demandas de seguridad de sus ciudadanos. Peor aún, un Estado que carece por completo de la información necesaria para combatir la delincuencia, condenado a la ineficacia y la irrelevancia. Es hora de superar los discursos simplistas y las falsas dicotomías. El debate sobre seguridad e inteligencia debe centrarse en la construcción de un sistema robusto, transparente y eficaz, que garantice tanto la protección de los derechos civiles como la capacidad del Estado para combatir la delincuencia.