En México, el embarazo infantil no es solo una tragedia personal, sino un delito que se persigue de oficio. Cada vez que una niña o adolescente menor de 18 años llega a un hospital a dar a luz, se activa un protocolo riguroso que busca protegerla y llevar a los responsables ante la justicia. No se trata simplemente de un registro burocrático, sino del primer paso en un proceso de investigación exhaustivo. Imaginen el peso que carga una niña al enfrentarse a la maternidad a una edad tan temprana, las implicaciones físicas y emocionales, el truncamiento de sus sueños y oportunidades. Es nuestra responsabilidad como sociedad garantizar su protección y bienestar.

La ley es clara: el personal de salud tiene la obligación de reportar cada caso al Ministerio Público. Este reporte no es opcional, es una obligación legal. Es la llave que abre la puerta a la justicia y a la posibilidad de romper el ciclo de abuso y violencia. El protocolo exige registrar la edad del padre, un dato crucial para determinar si se trata de un delito. Si el padre es menor de edad, se inicia de inmediato una investigación para desentrañar las circunstancias del embarazo y prevenir futuros abusos. La prioridad es proteger a los menores involucrados y asegurar que reciban el apoyo necesario.

Este protocolo no surgió de la noche a la mañana. Es el resultado de años de lucha y avances legislativos que buscan proteger los derechos de las niñas y adolescentes. Un hito fundamental fue la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2016, que estableció los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio. Antes de esta resolución, la ley permitía el matrimonio a los 16 años para los hombres y a los 14 para las mujeres, una práctica que perpetuaba la vulnerabilidad de las niñas y normalizaba la unión con personas mucho mayores. Esta reforma legal fue un paso crucial para reconocer que las niñas merecen una infancia plena y la oportunidad de decidir sobre su propio futuro.

La legislación actual no solo establece la edad mínima para el matrimonio, sino que también tipifica como delito cualquier caso de embarazo en menores de edad causado por un adulto. La autoridad tiene la obligación de actuar en defensa del interés superior del menor, lo que implica investigar a fondo cada caso y perseguir a los responsables. Este compromiso con la justicia es fundamental para erradicar la impunidad y enviar un mensaje claro: el abuso infantil no será tolerado.

Este protocolo se aplica en todas las instituciones de salud que cuentan con un área de parto, desde los hospitales más grandes hasta las clínicas rurales. Se busca proteger a las niñas en todo el territorio nacional, sin importar su origen o lugar de residencia. En algunas zonas del país, se intenta justificar el embarazo infantil con argumentos basados en usos y costumbres. Sin embargo, la ley es clara: ninguna tradición o costumbre puede estar por encima del bienestar y la protección de las niñas. El Estado tiene la obligación de intervenir y garantizar que se respeten sus derechos.

La prevención es otro pilar fundamental en la lucha contra el embarazo infantil. Se han implementado campañas de información y sensibilización dirigidas a niñas, niños, adolescentes, padres y comunidades. Estas campañas buscan promover la educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos y la denuncia del abuso. El objetivo es generar un cambio cultural profundo que proteja a las nuevas generaciones y les permita alcanzar su pleno potencial. La lucha contra el embarazo infantil es una tarea de todos. Requiere del compromiso del gobierno, las instituciones, las familias y la sociedad en su conjunto. Solo trabajando juntos podremos construir un futuro donde todas las niñas tengan la oportunidad de vivir una infancia plena y segura.