Se ha desatado una intensa polémica en torno a las recientes reformas legales aprobadas en México. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo niega categóricamente que estas leyes otorguen al Estado la capacidad de espiar a la ciudadanía, un sector de la población, incluyendo colectivos de familiares de desaparecidos, expresa su profunda preocupación ante la posibilidad de que estas normativas pongan en riesgo sus derechos y libertades.

La mandataria capitalina ha insistido en que las leyes, lejos de ser herramientas de espionaje, buscan fortalecer la seguridad y el apoyo a la población. En particular, ha hecho referencia a la "Ley de Seguridad y Apoyo a la Población", nombre que, según ella, refleja la verdadera intención de la normativa, en contraposición a la etiqueta de "ley espía" que le han impuesto sus detractores. Sheinbaum Pardo ha calificado las acusaciones de espionaje como "falsas de toda falsedad", argumentando que las leyes no otorgan facultades al Estado que vayan más allá de lo establecido en la Constitución. Además, ha señalado que las críticas forman parte de una campaña política en su contra, afirmando que "hay algunos personajes que todo va a ser en contra nuestra, todo".

Sin embargo, la preocupación de diversos sectores de la sociedad persiste. Colectivos de familiares de desaparecidos han alzado la voz, manifestándose en la Cámara de Diputados para expresar su temor de que las nuevas leyes puedan obstaculizar sus labores de búsqueda e investigación. Argumentan que la ampliación de las facultades de las instituciones de seguridad podría ponerlos en una situación de mayor vulnerabilidad, especialmente considerando los riesgos que ya enfrentan en su lucha por encontrar a sus seres queridos.

Ante estas inquietudes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha entablado un diálogo con los colectivos de familiares de desaparecidos. Según la presidenta Sheinbaum Pardo, este diálogo ha sido "muy amplio" y ha contado con la participación de "casi el 70%" de los colectivos. La mandataria ha asegurado que se han tomado en cuenta las propuestas de los familiares y que las modificaciones a las leyes buscan, precisamente, fortalecer la capacidad de las instituciones para actuar de manera preventiva en los casos de desaparición, tanto en las primeras horas de la denuncia como en la investigación posterior.

No obstante, la controversia continúa. La discrepancia entre la versión oficial, que defiende las leyes como herramientas para la seguridad y el apoyo a la población, y la percepción de algunos sectores, que las ven como una amenaza a sus derechos y libertades, genera un debate crucial sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad en el contexto mexicano. La incógnita reside en si estas nuevas leyes efectivamente contribuirán a la seguridad ciudadana o si, por el contrario, representarán un retroceso en la protección de los derechos fundamentales. El tiempo y la aplicación de estas normativas serán los que den la respuesta definitiva. Mientras tanto, la discusión pública y la vigilancia ciudadana son fundamentales para garantizar que la seguridad no se construya a costa de la libertad.