La democracia, un concepto tan anhelado como a veces malinterpretado, se encuentra en el centro del debate en torno a la figura de los diputados plurinominales. Mucho se ha dicho, se dice y se seguirá diciendo sobre su pertinencia, su costo y su verdadero papel en la representación ciudadana. Se les acusa de ser un gasto excesivo, una carga para el erario público. Pero, ¿es realmente así? ¿O se trata de una simplificación interesada que oculta una verdad mucho más compleja?

Profundicemos en el tema. Imaginemos un país donde solo la voz de la mayoría se escucha, donde las minorías, a pesar de representar una parte significativa de la población, quedan silenciadas, relegadas a la invisibilidad política. Un país donde el poder se concentra en unas pocas manos, sin contrapesos, sin la posibilidad de un diálogo plural y enriquecedor. ¿Es ese el ideal democrático al que aspiramos?

La figura del diputado plurinominal, surgida en 1977 con la LOPPE, no es un capricho, sino una respuesta a la necesidad de una representación más justa y equilibrada. El PRI, partido hegemónico en aquel entonces, comprendió la importancia de integrar a las minorías en el juego político, no solo por una cuestión de ética, sino también de estabilidad. Gobernar sin oposición, sin la posibilidad de escuchar otras voces, puede conducir a la autoritarismo y a la desconexión con la realidad social.

Los plurinominales, por lo tanto, son la voz de aquellos que, a pesar de no haber alcanzado la victoria en las urnas, representan una parte importante de la ciudadanía. Son el reflejo de la diversidad ideológica y social de un país, la garantía de que todos, incluso aquellos que piensan diferente, tienen un espacio en la toma de decisiones.

Ahora bien, es cierto que el sistema de designación de plurinominales puede ser perfectible. El amiguismo, los compromisos políticos y la falta de transparencia son problemas que deben ser abordados con seriedad. Necesitamos mecanismos más rigurosos que aseguren que los candidatos a ocupar estos puestos sean personas con la capacidad, la preparación y la ética necesarias para representar a la ciudadanía.

Hablar de la eliminación de los plurinominales, bajo el pretexto del ahorro económico, es una falacia. El costo de la democracia, de una democracia real y representativa, es infinitamente menor al costo de una sociedad polarizada, donde la falta de representación genera descontento y desestabilización. ¿Acaso el precio de una revolución, con su saldo de violencia y sufrimiento, es menor al de mantener un sistema que, aunque perfectible, busca la inclusión y la participación de todos?

La democracia no es un producto barato, pero es la mejor inversión que una sociedad puede hacer. Y los plurinominales, con sus luces y sus sombras, son una pieza fundamental de ese engranaje complejo que busca el equilibrio, la justicia y la representación de todos. Reformar, sí; eliminar, jamás. El futuro de la democracia depende de nuestra capacidad para fortalecer sus instituciones, no para desmantelarlas.