La sombra de un Estado omnipresente se cierne sobre México. Bajo el pretexto de la seguridad, un espejismo que el actual gobierno no ha logrado materializar, se teje una red de control que asfixia las libertades individuales. En un frenesí legislativo, seis leyes reformadas en apenas diez días han transformado el panorama nacional: la militarización se extiende, una mordaza amenaza a los medios de comunicación y la vida privada queda a merced del poder.

El Gran Hermano mexicano, encarnado en burócratas convertidos en espías, tendrá acceso a los datos más íntimos de los ciudadanos, sin necesidad de rendir cuentas a nadie. Imaginen la distopía orwelliana materializada: el color de nuestros ojos, nuestros trámites gubernamentales, historiales médicos, propiedades, cuentas bancarias, deudas, viajes… todo al alcance de un clic, sin la supervisión de un juez. Incluso nuestros teléfonos celulares se convierten en herramientas de vigilancia, entregando nuestra ubicación en tiempo real y la de quienes nos acompañan.

Ante este panorama desolador, la defensa se torna ilusoria. El Poder Judicial Federal, desmantelado sistemáticamente, y la Ley de Amparo, mutilada y reducida a su mínima expresión, ofrecen escasa protección. La esperanza de una rectificación por parte del régimen se desvanece ante la soberbia y la polarización que los embriaga, celebrando la destrucción de las mismas instituciones que los catapultaron al poder.

Qué lejos quedan aquellos días en que clamaban por órganos autónomos que contrapesaran el presidencialismo. Qué distante se vislumbra el pasado en el que figuras como Porfirio Muñoz Ledo o Juventino V. Castro respaldaban reformas que permitían el control de convencionalidad. Hoy, la memoria parece desvanecerse ante la imposición de un nuevo orden.

Los medios de comunicación, blanco predilecto de la ofensiva gubernamental, sufren los embates de una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión que nos retrotrae a épocas oscuras, donde la crítica era silenciada. La represión, sello distintivo de este régimen, se ejerce ahora con instrumentos legales obtenidos de manera cuestionable. La salida de casi cincuenta analistas y críticos con altos índices de audiencia en radio y televisión es una prueba irrefutable del malestar que generan las voces disidentes.

Esta estrategia, ejecutada con tenacidad, se extiende a todos los ámbitos de la sociedad, desde el adoctrinamiento escolar hasta la manipulación cultural a través de la impresión selectiva de títulos ideológicos. Instituciones como el CIDE, Canal Once o el Fondo de Cultura Económica se alinean para servir a los designios del poder.

El fantasma de Althusser, con su martillo ideológico, recorre los pasillos de Palacio Nacional, San Lázaro y Paseo de la Reforma. Los aparatos ideológicos y represivos del Estado afilan sus garras para sostener un nuevo régimen autoritario que florece, paradójicamente, en el prometedor siglo XXI. Nos encontramos en una encrucijada histórica, donde la defensa de las libertades individuales se convierte en un imperativo para evitar la consolidación de un Estado totalitario. El futuro de México pende de un hilo, y la resistencia ciudadana es la única esperanza para preservar la democracia.