La transformación del Poder Judicial, con sus más de 52 mil empleados, implica un reto monumental para el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ). Este organismo, con una independencia inédita, tendrá en sus manos la gestión de la carrera judicial, desde los nombramientos y la formación de jueces, hasta la creación de nuevas instancias y la administración del presupuesto, todo ello separado de la influencia directa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este cambio radical, que sustituye al Consejo de la Judicatura por el OAJ y el Tribunal de Disciplina Judicial (electo por voto popular), busca una mayor transparencia y eficiencia en la administración de justicia. Sin embargo, la transición no ha estado exenta de controversias. La reciente intentona de la aún presidenta de la SCJN, Norma Piña, de adelantar los nombramientos de los representantes del Poder Judicial en el OAJ, generó fuertes críticas, especialmente de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó la ética de la maniobra y urgió a la Corte a concentrarse en sus labores, evitando la protección de delincuentes a través de amparos.

En medio de este escenario, la atención se centra en los nuevos ministros de la SCJN, en particular en el próximo presidente, Hugo Aguilar, cuya elección con más de seis millones de votos y su promesa de una reforma profunda han generado gran expectativa. Si bien la renovación de la Suprema Corte es crucial, el verdadero objetivo de esta reforma es la optimización del Poder Judicial en todos sus niveles, respetando los derechos y las condiciones laborales de sus trabajadores. A pesar del éxito organizativo del proceso electoral, el impacto en los trabajadores del Poder Judicial es palpable. La llegada de nuevos titulares, jueces y magistrados, en muchos casos con poca experiencia en la carrera judicial, genera incertidumbre sobre el funcionamiento de juzgados y tribunales. En un sistema judicial con rezagos acumulados, no hay tiempo para extensos periodos de adaptación, lo que podría generar tensiones y descontento entre el personal.

Ante esta situación, el OAJ se presenta como una posible solución. Si bien la reforma es irreversible y miles de empleados se han adaptado a las nuevas reglas, no todos están de acuerdo con ellas. Las anomalías que puedan surgir con los nuevos perfiles electos son, en muchos casos, inevitables. La esperanza radica en que el OAJ esté conformado por personas con amplia experiencia en la carrera judicial y con un perfil imparcial, alejado de intereses políticos. Sin embargo, este objetivo se complica al estar su conformación en manos de los tres poderes del Estado, lo cual abre la puerta a posibles influencias y negociaciones políticas. La vigilancia ciudadana será fundamental para asegurar la transparencia y la idoneidad de los nombramientos en el OAJ. De ello dependerá no solo la selección de perfiles capaces y preparados, sino también una administración financiera responsable que proteja los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores del Poder Judicial.

Más allá de la reforma judicial, otros temas cruciales demandan atención. La iniciativa de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, con los 100 Puntos de Acupuntura Hídrica, busca mitigar las inundaciones en zonas vulnerables de la ciudad, infiltrando agua de lluvia al subsuelo. Este proyecto, con potencial para aliviar la problemática del agua en la capital, debe trascender la gestión actual y convertirse en una política de Estado. La creación de una "ciudad esponja" requiere la participación del sector privado, como el ejemplo de Rotoplas, que ha instalado sistemas de captación de agua en escuelas, beneficiando a miles de personas y recuperando millones de litros de agua.

Finalmente, la importancia del cumplimiento de normas y estándares para la comercialización de productos y servicios, la protección del consumidor y el medio ambiente, se ve reflejada en la labor de la Entidad Mexicana de Acreditación (ema). Su presidente, Raúl Tornel, destaca la importancia de la acreditación de laboratorios, unidades de inspección y organismos de certificación para garantizar la calidad y la seguridad. La Jornada de Normas y Acreditación en Aguascalientes, en colaboración con Profepa y organismos empresariales, es un ejemplo del compromiso con el cumplimiento normativo en beneficio de los consumidores.