La conmoción sigue latente en Barinas, y en toda Venezuela, tras el caso de la amputación errónea de la pierna de Flor María Corredor, una adulta mayor de 83 años. El hecho, que ha generado una ola de indignación en la sociedad, ha puesto en el ojo del huracán al sistema de salud público y ha reavivado el debate sobre la responsabilidad médica y la necesidad de una supervisión más rigurosa en los procedimientos quirúrgicos. La concesión de libertad condicional a los tres médicos implicados, Marcial Rodríguez, Tibisay Camacho y Génesis Ramírez, añade aún más complejidad al caso. Si bien se les permite regresar con sus familias mientras continúa la investigación, la sombra de la duda y la incertidumbre se cierne sobre ellos y sus carreras profesionales. La pregunta que todos se hacen es ¿cómo pudo ocurrir un error tan grave en un ambiente tan controlado como un quirófano?

El testimonio desgarrador de Jesús David Carriazo Corredor, hijo de la víctima, resonó en redes sociales y medios de comunicación: "Mi mamá entró con un pie diabético, el izquierdo. Le amputaron la pierna derecha por equivocación del médico”. Sus palabras no solo expresan el dolor de una familia destrozada, sino que también representan el clamor de una sociedad que exige justicia y respuestas. La imagen de una anciana ingresando a un hospital para tratar una dolencia y saliendo con una discapacidad aún mayor, producto de un error médico, es simplemente inaceptable.

La diabetes, enfermedad que aqueja a Flor María, es un factor crucial en este caso. Se sabe que esta condición puede generar complicaciones severas en las extremidades inferiores, requiriendo en ocasiones la amputación. Sin embargo, la precisión en el diagnóstico y la ejecución del procedimiento son vitales para garantizar el bienestar del paciente. ¿Se siguieron todos los protocolos necesarios antes de la cirugía? ¿Hubo una falla en la comunicación entre el equipo médico? Estas son algunas de las interrogantes que las autoridades deben responder.

La libertad condicional otorgada a los médicos residentes implicados ha generado controversia. Mientras algunos argumentan que se trata de una medida justa considerando su condición de primer año en la especialidad de Anestesiología y Reanimación, otros reclaman que se debe aplicar todo el peso de la ley, independientemente de su experiencia. El Código Penal venezolano establece penas de 3 a 6 años de prisión para casos como este, y el Código de Deontología Médica de la Federación Médica Venezolana contempla la suspensión del ejercicio profesional. La justicia deberá determinar si la actuación de los médicos se enmarca dentro de la negligencia o si hubo otros factores que contribuyeron a este lamentable incidente.

Más allá de las consecuencias legales, este caso nos obliga a reflexionar sobre la situación actual del sistema de salud en Venezuela. La falta de recursos, la escasez de personal y la precariedad de las instalaciones hospitalarias son problemas crónicos que afectan la calidad de la atención médica. ¿Es posible que estas circunstancias hayan jugado un papel en el error cometido? Es necesario realizar una evaluación exhaustiva del sistema para identificar las fallas y tomar medidas correctivas que eviten que situaciones similares se repitan en el futuro.

El caso de Flor María Corredor no es un hecho aislado. Lamentablemente, se suma a una lista de incidentes que evidencian la fragilidad del sistema de salud y la necesidad urgente de fortalecerlo. La salud es un derecho fundamental, y garantizar una atención médica de calidad es una responsabilidad ineludible del Estado. La sociedad venezolana espera que se haga justicia y que este caso sirva como un punto de inflexión para impulsar cambios significativos en el sector salud. La vida y la dignidad de los pacientes no pueden estar sujetas a la improvisación ni a la negligencia.