La conmoción se extiende por España. La pesadilla vivida por dos pequeñas, de tan solo cuatro y cinco años al inicio de su calvario, ha dejado al descubierto la monstruosidad que puede esconderse tras las paredes de un hogar. Un hombre y una mujer, de 36 y 33 años respectivamente, han sido condenados a penas de cárcel por agredir sexualmente a sus propias hijas, un horror que se prolongó durante tres largos años, entre 2019 y 2022. No solo se limitaron a abusar de la inocencia de sus hijas, sino que además grabaron sus actos, un perverso testimonio de su depravación que ha servido como prueba irrefutable de su culpabilidad.

La difusión de algunas de estas grabaciones, necesaria para sustentar la acusación contra el padre, ha generado una oleada de indignación y repulsa en la sociedad española. Imaginar el sufrimiento de estas pequeñas, sometidas a los abusos de quienes debían protegerlas, es un ejercicio de dolor insoportable. La justicia, aunque lenta, ha actuado.

La sentencia llega dos semanas después de que el hombre, de 36 años, se declarara culpable durante el juicio. Su rostro, inmortalizado en los vídeos junto a sus hijas, no dejaba lugar a dudas sobre su participación. El material, descubierto en un registro domiciliario, destapó la magnitud del horror. Aunque la confesión le valió una rebaja en la condena, pasando de 42 a 36 años, la gravedad de los hechos es innegable. Dos penas de once años por violación y otras dos de siete por pornografía infantil son el reflejo de la crueldad infligida a las menores.

La madre, por su parte, intentó una defensa desesperada y casi surrealista. Alegó haber sido coaccionada mediante la administración de un misterioso “líquido azul” que, según su versión, el hombre le daba a beber a ella y a las niñas. Sin embargo, el tribunal desmontó rápidamente esta “coartada”, considerando que su participación activa en las grabaciones, donde incluso animaba a su hija a participar, desmentía por completo su alegato. Lejos de ser una víctima, se la considera cómplice de los aberrantes actos cometidos contra sus propias hijas.

“No parece que estuviera afectada por sustancia alguna, siendo su participación activa”, sentenció el tribunal, haciendo hincapié en la frialdad y la consciencia con la que actuó. La justicia ha hablado alto y claro. No hay lugar para la impunidad.

El tribunal, calificando los hechos como delitos de abuso sexual de extrema gravedad, ha impuesto además una indemnización de 100.000 euros a cada una de las niñas, una cifra que, si bien no puede borrar el trauma sufrido, busca al menos paliar el daño psicológico infligido. Además, se les ha retirado la patria potestad, una medida fundamental para asegurar la protección de las menores y evitar cualquier posible contacto futuro con sus agresores. El futuro de estas pequeñas, marcado por una tragedia indescriptible, dependerá ahora del apoyo y la protección que reciban para poder superar este horror y reconstruir sus vidas. La sociedad española, conmocionada, espera que este caso sirva para reforzar la lucha contra el abuso infantil y para que nunca más la inocencia sea vulnerada de esta manera.