La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “V.P.R, V.P.C y otros Vs. Nicaragua” del 2018, es un parteaguas en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. No solo condena al Estado nicaragüense por la violación a la integridad personal, la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, la no discriminación y el incumplimiento de la protección especial a esta población vulnerable, sino que sienta un precedente fundamental para todos los Estados parte del Sistema Interamericano, incluido, por supuesto, México.

Este caso, que analizó el abuso sexual de una niña de tan solo 9 años y las subsecuentes irregularidades e incompetencias en la investigación y proceso judicial, pone de manifiesto las fallas sistémicas que permiten la impunidad en estos casos y la revictimización de quienes han sufrido un trauma tan profundo. La Corte Interamericana, al subrayar las exigencias debidas para garantizar el acceso a la justicia, nos obliga a una profunda reflexión sobre nuestras propias prácticas y a una actuación diligente para prevenir y sancionar estos crímenes.

Más allá de las exigencias legales, este caso nos confronta con la realidad social que normaliza la violencia, romantiza las uniones entre menores y adultos y culpabiliza a las víctimas, silenciándolas y perpetuando el ciclo de abuso. Romper con estos estereotipos es crucial para que las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente su derecho a la integridad personal, a la vida privada y al control de su propio cuerpo. Su consentimiento, libre, informado y pleno, debe ser el eje rector de cualquier interacción, considerando su edad, desarrollo físico y mental, y reconociendo el deber de cuidado que tenemos los adultos, especialmente en situaciones de asimetría de poder.

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declara imprescriptible la responsabilidad civil por daños provenientes de violencia sexual a niñas, niños o adolescentes, representa un avance histórico en la búsqueda de justicia y reparación integral para las víctimas. Esta decisión no solo reconoce el derecho de las víctimas a acceder a la justicia en cualquier momento, sino que envía un mensaje contundente: no hay perdón ni olvido para quienes cometen estos delitos.

Esta imprescriptibilidad es fundamental porque, como bien señala la resolución, la conciencia del daño puede tardar años en actualizarse, afectando el proyecto de vida de las víctimas. Muchas de ellas, silenciadas por el miedo, la vergüenza y la culpa, conviven con sus agresores, sin encontrar una vía para denunciar y obtener justicia. Esta decisión les abre una puerta a la reparación y a la sanción de los responsables.

Las cifras del INEGI del 2022, que registran casos de maternidad en niñas de 10 y 12 años, son una muestra alarmante de la normalización de estas situaciones y la persistencia de estereotipos que vulneran los derechos de la niñez. Estos datos nos interpelan como sociedad y nos exigen redoblar esfuerzos para garantizar el acceso a la educación sexual, empoderar a las niñas, niños y adolescentes y promover una cultura de respeto y cumplimiento de sus derechos.

No podemos permitir que la violencia sexual siga siendo una realidad silenciada. Es nuestra responsabilidad, como ciudadanos y como autoridades, construir un entorno seguro y protector para la niñez, donde sus derechos sean plenamente garantizados y donde las víctimas encuentren justicia y reparación. La lucha contra la impunidad exige un compromiso integral que involucre la prevención, la sanción y la erradicación de los estereotipos que perpetúan la violencia.