La sombra del narcotráfico se cernía sobre la colonia José María Morelos y Pavón, en la alcaldía Iztapalapa. Un inmueble, aparentemente común, ocultaba tras sus muros una peligrosa realidad: era el centro neurálgico de una operación de almacenamiento y distribución de drogas. Las autoridades, conscientes de la amenaza que representaba este punto de venta, pusieron en marcha una minuciosa labor de inteligencia. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en una muestra de coordinación ejemplar, unieron fuerzas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Día y noche, las vigilancias fijas y móviles se sucedían, recopilando pacientemente las pruebas necesarias para obtener la autorización judicial. Cada detalle, cada movimiento, cada encuentro sospechoso era registrado y analizado, construyendo un sólido caso que finalmente convenció a un Juez de Control para otorgar la orden de cateo. La tensión era palpable en el aire mientras se preparaba el operativo. El despliegue de fuerzas era imponente, una muestra clara de la determinación de las autoridades para desarticular esta célula criminal.

El golpe se ejecutó con precisión quirúrgica. En el interior del predio, se encontraron con un hombre y una mujer, ambos de 54 años, que se presume eran los responsables de la operación. El registro del lugar reveló la magnitud del negocio ilícito: una bolsa con dos kilos de marihuana, suficiente para alimentar la adicción de cientos de personas, tres armas de fuego cortas, listas para ser usadas en cualquier momento, un arma de fuego larga, con un poder destructivo aún mayor, 61 dosis de cocaína, preparadas para su venta individual, y una cantidad considerable de cartuchos útiles.

El hallazgo confirmaba las sospechas de las autoridades: este no era un simple punto de venta, sino un arsenal que ponía en riesgo la seguridad de toda la comunidad. A los detenidos, visiblemente sorprendidos por la irrupción policial, se les informaron sus derechos de ley, un recordatorio de que el estado de derecho prevalece incluso en las situaciones más complejas. Junto con las armas y las drogas incautadas, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien tendrá la tarea de determinar su situación legal y presentar las pruebas ante un juez.

El inmueble, ahora vacío y silenciado, fue sellado y puesto bajo resguardo policial, un símbolo de la victoria contra el crimen organizado. Esta acción coordinada entre las distintas instituciones del Gabinete de Seguridad demuestra el compromiso inquebrantable de combatir la violencia y proteger a la sociedad. Es un mensaje claro para aquellos que buscan lucrar con el sufrimiento ajeno: la justicia no descansará hasta que todos los responsables sean llevados ante la ley. La lucha contra el narcotráfico es una batalla constante, una guerra sin tregua que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad. Solo a través de la cooperación y la denuncia ciudadana se podrá construir un futuro más seguro y libre de la amenaza de las drogas. Este operativo exitoso en Iztapalapa es un paso más en ese camino, una muestra de que la justicia, aunque a veces lenta, siempre llega.