La reciente decisión del Congreso de Guanajuato de no despenalizar el aborto ha generado un intenso debate público. Mientras algunos sectores insisten en la necesidad de despenalizar para proteger los derechos de las mujeres, la postura del Congreso se centra en la protección de la vida, tanto de la madre como del nasciturus. La afirmación de que "en Guanajuato no hay mujeres presas por abortar" ha sido el eje de la discusión, y merece un análisis más profundo.

Nuestra investigación en UNNA vida, infancia y protección, revela una realidad más compleja. Sí existen personas encarceladas por el delito de aborto en Guanajuato, pero no son mujeres que interrumpieron voluntariamente su embarazo. Se trata de hombres que, a través de la violencia y la coerción, provocaron abortos sin el consentimiento de las mujeres. Estos casos, además, suelen estar vinculados a otros delitos graves como lesiones, homicidio, violencia familiar, violación, corrupción de menores e incluso feminicidio.

Esta información, presentada ante el Congreso, cambia radicalmente la perspectiva del debate. Lejos de ser una herramienta de opresión contra las mujeres, la penalización del aborto se revela como un mecanismo de protección contra la violencia de género. Las mujeres no están siendo encarceladas por decidir sobre sus cuerpos, sino que la ley busca castigar a quienes atentan contra su vida e integridad, y la de sus hijos por nacer.

Resulta preocupante que quienes abogan por la despenalización omitan esta realidad. Se enfocan en un discurso que ignora la violencia que muchas mujeres sufren y la necesidad de protegerlas de agresores. La despenalización, en este contexto, no se presenta como una solución real a las problemáticas que enfrentan las mujeres, sino como una simplificación que ignora la complejidad del tema.

Las mujeres en Guanajuato, y en todo México, no necesitan que se les "permita" abortar. Necesitan un Estado que les garantice condiciones de vida dignas, acceso a servicios de salud de calidad, seguridad y protección contra la violencia. Necesitan apoyo durante el embarazo y la maternidad, y oportunidades para desarrollarse plenamente.

El Congreso de Guanajuato ha tomado una decisión crucial al priorizar las necesidades reales de las mujeres. El siguiente paso es implementar políticas públicas que mejoren sus condiciones de vida, que les brinden seguridad y acceso a la justicia. Es necesario combatir la violencia de género y proteger a las mujeres y a sus hijos de la agresión.

La verdadera defensa de la dignidad de las mujeres no se logra eliminando leyes, sino construyendo un entorno donde puedan ejercer sus derechos plenamente, vivir libres de violencia y contar con el apoyo del Estado para alcanzar su máximo potencial. El debate sobre el aborto debe centrarse en las necesidades reales de las mujeres, no en simplificaciones que ignoran la complejidad de sus vidas. Es hora de priorizar la justicia, la seguridad y el bienestar de todas las mujeres.