La andanada de críticas contra el doctor Hugo López-Gatell tras su nombramiento como representante de México ante la OMS no sorprende. Forma parte de una narrativa preestablecida, tejida desde los hilos del poder mediático y económico que busca, sistemáticamente, desacreditar cualquier acción emanada del gobierno actual. Es un libreto repetido hasta la saciedad: inflar cifras, descontextualizar declaraciones, y recurrir a la falacia ad hominem para desviar la atención del verdadero problema. Se le acusa de las 780,000 muertes ocurridas durante la pandemia, una cifra estimada a partir de estudios de exceso de mortalidad, como si él mismo hubiera orquestado una tragedia de tal magnitud. Se le tacha de "genocida", una palabra cargada de un peso histórico inmenso, utilizada con una ligereza que raya en la irresponsabilidad. Y, por supuesto, se ignora convenientemente el contexto: la precariedad del sistema de salud, producto de años de privatización y desmantelamiento, una realidad que antecedió con creces la llegada de la pandemia.

Es crucial recordar que, mucho antes del COVID-19, la salud pública en México se convirtió en un negocio lucrativo para unos cuantos. Un puñado de farmacéuticas y laboratorios, ligados a figuras políticas de renombre, dictaron las reglas del juego, priorizando el beneficio económico sobre el bienestar de la población. Ante este panorama desolador, el gobierno de López Obrador intentó revertir la tendencia, planteando la recuperación de la salud pública como un derecho fundamental. Sin embargo, esta iniciativa se topó con la férrea resistencia del llamado "Cártel de la Salud", que, ante la posibilidad de perder su monopolio, orquestó una campaña de desabasto de medicamentos y servicios, convirtiendo la salud en un arma política.

En este contexto, las decisiones de López-Gatell al frente de la estrategia sanitaria no fueron únicamente científicas, sino también políticas. Se enfrentó a un chantaje sin precedentes, a una maquinaria dispuesta a todo con tal de proteger sus intereses. Y este, precisamente, es el punto que el periodismo de derecha omite sistemáticamente. Prefieren centrarse en la figura de Gatell, convirtiéndolo en el chivo expiatorio perfecto, en lugar de analizar las causas estructurales que llevaron al sistema de salud al borde del colapso.

La campaña de desprestigio contra Gatell se extiende también al ámbito de la alimentación. Se le ataca por impulsar el etiquetado frontal en alimentos procesados, una medida que afecta directamente los intereses de la industria alimentaria, responsable en gran medida de la epidemia de enfermedades crónico-degenerativas que aqueja al país. Se le acusa, paradójicamente, de las consecuencias de una mala alimentación que él mismo intenta combatir.

En cuanto a su nombramiento en la OMS, se ha especulado que se trata de una estrategia para alejarlo del ojo público. Sin embargo, esta lectura resulta simplista. La designación de Gatell representa una oportunidad para reposicionar a México en el escenario internacional de la salud, para aportar una perspectiva crítica y proponer soluciones innovadoras a la crisis global que atraviesa el sector. Su experiencia al frente de la pandemia, lejos de ser un lastre, se convierte en un activo invaluable. Y quién sabe, quizás este paso por la escena internacional sea el preámbulo de un regreso triunfal a la política nacional.