La erosión de la justicia se extiende como una sombra ominosa sobre ambos lados de la frontera. Mientras que en Estados Unidos la Corte Suprema recorta las alas de los jueces federales para emitir fallos de amplio alcance, en México, el Congreso, con la fuerza de una aplanadora legislativa, desmantela los mecanismos que garantizaban el acceso a la justicia para todos. El resultado, aunque alcanzado por vías diferentes, es escalofriantemente similar: la vulnerabilidad de los derechos fundamentales frente al avance del poder político.

En el caso estadounidense, la decisión de limitar las medidas cautelares a nivel nacional, con el pretexto de un tecnicismo legal, deja a millones de personas expuestas a la aplicación de políticas cuestionables, como la orden ejecutiva que amenaza con revocar la ciudadanía por nacimiento. Este precedente sienta las bases para una peligrosa fragmentación del sistema judicial, donde la protección de los derechos dependerá de la capacidad de cada estado para litigar contra el gobierno federal. Imaginemos el desamparo de aquellos en estados con menos recursos o con una voluntad política menos firme.

El fantasma de la desigualdad ante la ley se materializa. Mientras algunos, con los recursos y el acceso a la justicia, podrán proteger sus derechos, otros, la gran mayoría, quedarán a merced de decisiones arbitrarias. La justicia se convierte en un lujo, un privilegio reservado para quienes pueden pagarlo.

En México, el panorama es aún más desolador. La eliminación de la suspensión con efectos generales en el juicio de amparo, otrora un baluarte contra la aplicación de leyes inconstitucionales, deja a millones de ciudadanos indefensos ante la posible arbitrariedad del poder. El acceso a la justicia se transforma en un laberinto burocrático, donde solo los más perseverantes, o los que cuentan con la asesoría legal adecuada, pueden aspirar a la protección de sus derechos.

Este desmantelamiento sistemático de los contrapesos al poder ejecutivo, tanto en México como en Estados Unidos, no es una coincidencia aislada, sino un síntoma preocupante de una tendencia global. La concentración del poder en manos del Ejecutivo, en detrimento de la independencia judicial y los derechos individuales, se perfila como una amenaza latente para las democracias modernas.

¿Qué futuro nos espera si la justicia se convierte en un privilegio en lugar de un derecho? La respuesta es inquietante: una sociedad fragmentada, donde la igualdad ante la ley es una quimera y la arbitrariedad se convierte en la norma. La advertencia de la jueza Sotomayor resuena con fuerza: "ningún derecho estará seguro". Y en México, la situación es aún más precaria, con la casi total desaparición de mecanismos de protección colectiva.

Es imperativo que la ciudadanía, tanto en México como en Estados Unidos, tome conciencia de esta peligrosa deriva y exija a sus representantes la defensa y el fortalecimiento de las instituciones que garantizan la justicia para todos. De lo contrario, nos arriesgamos a vivir en sociedades donde la ley sea un instrumento de opresión en lugar de un garante de la libertad y la igualdad. La defensa de la justicia no es una tarea exclusiva de jueces y abogados; es una responsabilidad colectiva que exige la participación activa de todos. El silencio y la apatía son cómplices de la erosión de nuestros derechos.