El financiamiento público a los partidos políticos en México se ha convertido en un tema candente, una bola de nieve que crece año tras año y amenaza con sepultar bajo su peso la credibilidad del sistema democrático. Cifras astronómicas que superan los presupuestos combinados de secretarías cruciales como la de Anticorrupción, Turismo y Economía, nos obligan a preguntarnos: ¿a dónde va tanto dinero? ¿Realmente fortalece la democracia o la corroe desde adentro?

La fórmula mágica, consagrada en el artículo 41 de la Constitución, parece simple: se multiplica el número de electores por el 65% del valor diario de la UMA. El resultado, una montaña de pesos que se reparte entre los partidos: 30% de manera igualitaria y el 70% restante según los votos obtenidos en la elección de diputados anterior. Una ecuación que, en la práctica, se traduce en una abismal diferencia entre el partido más votado y el menos votado, generando una inequidad que clama por ser revisada.

Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador han reconocido la necesidad de una reforma, la tarea no es sencilla. Los partidos, con una audacia que raya en la desfachatez, blindaron en la Constitución la fórmula para calcular su propio financiamiento. Un círculo vicioso donde el INE se limita a aplicar una operación aritmética y Hacienda a incluir la cifra en el Presupuesto de Egresos. ¿Quién controla entonces el flujo de dinero? ¿Quién se atreve a cuestionar la voracidad de un sistema que se alimenta a sí mismo?

Más allá de las cifras, el verdadero problema reside en las consecuencias de esta desmesurada inyección de recursos públicos. La mística partidaria, el motor que impulsaba la participación ciudadana y la lucha por ideales, se ha desvanecido. Los partidos, convertidos en enormes burocracias, utilizan el dinero para pagar desde gastos de oficina hasta la propaganda, fomentando la molicie y abriendo la puerta a la corrupción. La militancia activa, que en el pasado financiaba con sus propios recursos a los partidos, ha sido reemplazada por una maquinaria electoral aceitada con dinero público.

¿Es este el modelo de democracia que queremos? ¿Un sistema donde los partidos se enriquecen a costa del erario, mientras las necesidades de la población quedan relegadas a un segundo plano? La próxima reforma electoral debe ir más allá de una simple reducción del financiamiento. Es necesario replantear el sistema desde sus cimientos, buscando un equilibrio que garantice la equidad entre los partidos y, sobre todo, que priorice el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana. Aumentar el porcentaje de reparto igualitario es un primer paso, pero se requieren medidas más audaces para romper el ciclo vicioso y devolver a la política su verdadera esencia: el servicio público. El futuro de nuestra democracia depende de ello.