Por décadas, el fantasma del monopolio ha rondado los hogares mexicanos. Millones de familias han sentido el peso en sus bolsillos de precios inflados artificialmente, víctimas silenciosas de un sistema que permitía a unos pocos concentrar el poder económico y manipular el mercado a su antojo. Imaginen la angustia de una madre que ve cómo el precio de la canasta básica se dispara, impidiéndole llevar a su mesa los alimentos que sus hijos necesitan. Imaginen al padre de familia que se ve obligado a recortar gastos esenciales para poder cubrir el costo de servicios básicos, encarecidos por la falta de competencia. Esta realidad, lamentablemente, ha sido el pan de cada día para muchos mexicanos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo ha confirmado: en México, pagamos hasta un 15.7% más por productos esenciales debido a estas prácticas abusivas. Un sobreprecio que se traduce en menos oportunidades, menos desarrollo y más desigualdad.

Hoy, desde la Cámara de Diputados, se ha dado un paso decisivo para romper con este ciclo de injusticia. Con la aprobación de la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica y a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se enciende una luz de esperanza para millones de mexicanos. No se trata de una simple modificación legislativa, sino de un cambio de paradigma que busca construir un mercado más justo, más competitivo y, sobre todo, más humano. Se trata de devolverle el poder al consumidor, de empoderar a las familias y de garantizar que el bienestar de la gente esté por encima del poder de unos cuantos.

La creación de la Comisión Nacional Antimonopolio marca un hito en la historia de la regulación económica en México. Este organismo, dotado de autonomía técnica y de gestión, tendrá la facultad de sancionar eficazmente a quienes abusen de su posición dominante en el mercado. Se acabó la impunidad. Se acabó la era de las presiones empresariales y los intereses políticos que torcían la balanza de la justicia. La Comisión Nacional Antimonopolio actuará con independencia y transparencia, velando por los intereses de los consumidores y garantizando la competencia justa.

Pero la reforma va más allá. Moderniza todo el marco de vigilancia económica, ampliando el plazo para investigar concentraciones no notificadas y reduciendo los umbrales económicos para detectar prácticas ilegales con mayor agilidad. Se sancionan nuevas formas de abuso que antes quedaban impunes, como el intercambio nocivo de información entre competidores, una práctica que distorsiona el mercado y perjudica a los consumidores.

Sectores estratégicos como las telecomunicaciones y la radiodifusión también se verán beneficiados con esta reforma. Se fortalecerá la supervisión para asegurar tarifas más justas y un acceso más equitativo a servicios fundamentales para el desarrollo del país. Además, se promueve la cooperación internacional para combatir prácticas anticompetitivas en el entorno digital, un espacio cada vez más relevante en la economía global.

Quizá el aspecto más transformador de esta reforma es el empoderamiento del consumidor. A partir de ahora, las y los mexicanos podrán ejercer acciones colectivas tras resoluciones firmes. Ya no estarán solos frente a los abusos de las grandes corporaciones. Podrán organizarse, unir sus voces y exigir reparación por los daños sufridos. Esta es una herramienta poderosa que pone en manos de la ciudadanía la capacidad de defender sus derechos y de exigir un mercado justo y transparente.

Esta reforma, con visión de futuro y sentido social, devuelve al Estado su capacidad para regular en favor de la mayoría. No se trata de estar en contra de la iniciativa privada, sino de establecer reglas claras y justas que beneficien a todos. La libre competencia debe ser un motor de desarrollo y bienestar, no un instrumento de opresión. El compromiso es seguir legislando por un México donde el bienestar de la gente esté por encima del poder de unos cuantos. Un México donde la justicia económica sea una realidad para todos.