La escasez de agua en la Ciudad de México es una realidad palpable que afecta a miles de hogares día con día. Mientras algunos luchan por conseguir siquiera unos litros para las necesidades básicas, redes criminales operan en la sombra, lucrando con un recurso vital a través de las tomas clandestinas, un problema que ha crecido exponencialmente, con un alarmante aumento del 128%. Ante esta preocupante situación, la diputada Olivia Garza, presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso de la CDMX, ha presentado una iniciativa que busca poner freno a este delito y castigar a los responsables con severidad.

La propuesta de la diputada Garza es clara y contundente: tipificar el delito de robo de agua, conocido popularmente como "huachicoleo de agua", y establecer penas de hasta 12 años de prisión para quienes lo cometan. No se trata solo de quienes sustraen el agua, sino también de aquellos que la explotan, transportan o comercializan ilegalmente, alterando la infraestructura hidráulica de la ciudad y del país, sin contar con los permisos correspondientes. Incluso, la iniciativa contempla sanciones para quienes realizan perforaciones subterráneas ilegales, una práctica que pone en riesgo la estabilidad del suelo y la seguridad de la población.

La gravedad de las sanciones se incrementa cuando el robo de agua se realiza con fines de lucro. Si se demuestra que el agua sustraída se almacena, distribuye o suministra para obtener un beneficio económico, las penas podrían alcanzar los 12 años de prisión y multas significativas. Además, la iniciativa no deja impunes a las autoridades corruptas que faciliten estas actividades ilícitas. En caso de que servidores públicos, por razón de su cargo, participen o colaboren con el huachicoleo de agua, las penas se verán incrementadas, un mensaje claro de que la corrupción en este ámbito no será tolerada.

La iniciativa de la diputada Garza no se limita a la imposición de castigos. Se trata de una estrategia integral que busca proteger el acceso al agua para todos los habitantes de la Ciudad de México. Al desmantelar las redes de huachicoleo, se espera recuperar importantes ingresos que actualmente se pierden por el robo de agua. Estos recursos, según la propuesta, se destinarían a mejorar la infraestructura hidráulica de la ciudad, reparar fugas, ampliar la red de distribución y garantizar el acceso al agua potable en zonas marginadas, donde la escasez es aún más crítica.

Las consecuencias del huachicoleo de agua van más allá de la pérdida económica. El robo de agua a través de tomas clandestinas reduce la presión en la red de distribución, provocando un suministro insuficiente en muchas zonas de la ciudad. Esto no solo afecta la calidad de vida de las familias, sino que también dificulta el mantenimiento de prácticas básicas de higiene, poniendo en riesgo la salud pública.

La diputada Garza hace un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad en general para tomar conciencia de la gravedad de este problema y actuar de manera decidida. El huachicoleo de agua es una amenaza a la sostenibilidad y la equidad en el acceso a este recurso vital. En una ciudad tan densamente poblada como la Ciudad de México, garantizar el acceso al agua para todos es un desafío que requiere la colaboración de todos. La iniciativa de la diputada Garza es un paso importante en la dirección correcta, un paso que busca asegurar que el agua, fuente de vida, esté al alcance de todos, sin excepciones. Ahora es el momento de que las autoridades y la sociedad se unan en esta lucha y protejan un recurso tan preciado como el agua.