La crisis hídrica en Jalisco se agudiza, no solo por la escasez, sino por la reciente aprobación de un incremento del 9.65% en las tarifas del agua. Esta decisión, tomada en medio de la sequía y la intermitencia en el suministro, ha generado una ola de indignación entre los jaliscienses, que se sienten castigados por un gobierno que parece más preocupado por su imagen que por las necesidades de su pueblo.

El aumento, etiquetado como “ajuste tarifario”, se percibe como un golpe directo al bolsillo de las familias, especialmente en la zona metropolitana de Guadalajara y Zapopan, donde más de 2.8 millones de habitantes enfrentan diariamente la falta de agua. Mientras muchos esperan horas por una pipa o lidian con baja presión, el gobierno decide aumentar el costo del servicio, un servicio que, además, es deficiente. Las fugas no atendidas, la opacidad en el manejo del SIAPA y la falta de respuesta a las quejas ciudadanas agravan la situación.

La indignación crece ante el silencio cómplice de las autoridades. Tanto la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, como el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade, han optado por la omisión, ignorando las demandas de sus gobernados. Mientras el agua escasea en las colonias marginadas, la alcaldesa parece más preocupada por sus giras internacionales y apariciones en programas de revista, alimentando la percepción de una clase política desconectada de la realidad.

El PRI Jalisco ha exhortado a la ciudadanía a presentar quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la mala calidad del agua, y ha denunciado que el aumento tarifario no se destinará a mejorar el servicio, sino a mantener la “burocracia dorada” del SIAPA. El caso de Eli Castro, asesora del organismo con un sueldo de 73 mil pesos mensuales, quien desestimó las quejas ciudadanas con calificativos despectivos, se ha convertido en un símbolo de la indolencia y el privilegio que imperan en la gestión del agua.

Morena, por su parte, ha anunciado que recurrirá a la Suprema Corte para impugnar el aumento y a la CNDH para defender el derecho humano al agua. La dirigente estatal, Erika Pérez García, ha calificado el incremento como un “castigo al pueblo” que ya sufre las consecuencias de un servicio deficiente.

La crisis del agua en Jalisco no se limita a la escasez del recurso; es también una crisis de representatividad y de sensibilidad política. Mientras millones de jaliscienses luchan por acceder a un servicio básico, las autoridades parecen más preocupadas por sus propios intereses y por mantener una imagen pública favorable. La falta de transparencia, la opacidad en el manejo de los recursos y el silencio cómplice ante las demandas ciudadanas agravan la situación, generando un profundo sentimiento de indignación y desconfianza en la clase política. El agua, fuente de vida, se ha convertido en un símbolo de la desigualdad y la desconexión entre gobernantes y gobernados.

+++

En una nota aparte, fuentes cercanas al Gobierno de la Ciudad de México señalan que se ha identificado al responsable detrás del paro en el Poder Judicial y en la Defensoría Pública: Alito Moreno, presidente nacional del PRI. Se le acusa de orquestar estas protestas con fines partidistas y utilizando recursos públicos. Más detalles sobre esta revelación se darán a conocer próximamente.

Nos vemos a las 8 por el 8.

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

EEZ