La sombra de la duda se cierne sobre el manejo de los recursos públicos. Más de 660 millones de pesos en irregularidades detectadas en la primera entrega de informes de la Cuenta Pública 2024, el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, encienden las alarmas y nos obligan a cuestionarnos sobre la eficiencia y transparencia en el gasto gubernamental. Si bien la ASF ha logrado recuperar 107 millones, la cifra restante, una cantidad considerable, aún pende en la balanza de la incertidumbre. ¿Dónde están esos recursos? ¿Quiénes son los responsables? Estas preguntas retumban en la opinión pública y exigen respuestas claras y contundentes.

La concentración del 60% de los montos observados en gobiernos estatales y municipales pinta un panorama preocupante sobre la gestión financiera a nivel local. La opacidad histórica que ha caracterizado a estos niveles de gobierno, como bien lo señala el titular de la ASF, David Rogelio Colmenares Páramo, se convierte en un terreno fértil para la malversación y el desvío de recursos destinados al bienestar de la ciudadanía. Es imperativo fortalecer los mecanismos de control y supervisión en estos ámbitos para garantizar que cada peso del erario se utilice de manera responsable y eficiente.

A pesar de las restricciones presupuestarias que enfrenta la propia ASF, el uso de nuevas tecnologías ha permitido ampliar la cobertura de las auditorías, un avance significativo en la lucha contra la corrupción. "Hoy podemos hacer más sin tener que gastar más", afirma Colmenares Páramo, una declaración que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la innovación y la optimización de recursos en la fiscalización del gasto público. Sin embargo, la tarea apenas comienza. De las 2,199 auditorías programadas, sólo se han presentado los resultados de 152. El camino por recorrer es largo y la ASF tiene la responsabilidad de presentar un informe completo y exhaustivo que despeje todas las dudas y sane las heridas que la corrupción inflige a la confianza ciudadana.

Las reuniones directas con titulares de dependencias de los tres órdenes de gobierno son un paso en la dirección correcta. La comunicación y la transparencia son pilares fundamentales para prevenir irregularidades y fomentar la rendición de cuentas. Sin embargo, la ASF debe ir más allá del diálogo y actuar con firmeza ante cualquier indicio de malas prácticas. La colaboración con la Fiscalía General de la República y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa son herramientas cruciales para llevar a los responsables ante la justicia y recuperar los recursos desviados.

La capacitación continua del personal de la ASF y de los funcionarios auditados es una inversión a largo plazo que rendirá frutos en términos de transparencia y buen gobierno. Distinguir entre los errores por desconocimiento y los actos dolosos es esencial para aplicar las sanciones correspondientes y sentar un precedente que disuada a quienes pretendan beneficiarse ilícitamente del erario público. La ASF tiene en sus manos la oportunidad de fortalecer la confianza ciudadana y consolidarse como un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción. El futuro del país depende, en gran medida, de la eficacia y transparencia con la que se manejen los recursos públicos.