En medio de la vorágine informativa y la creciente preocupación por la privacidad en el mundo digital, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha salido al paso de las especulaciones en torno a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, reafirmado con vehemencia que no existe ni censura ni espionaje en la nueva legislación. Sus palabras buscan tranquilizar a la ciudadanía y desmentir las interpretaciones erróneas que han circulado en diversos medios y redes sociales. La mandataria ha insistido en que la ley, actualmente en proceso de análisis legislativo, mantiene la misma esencia que la vigente desde 2014, es decir, la intervención o geolocalización de teléfonos solo se permite con una orden judicial emitida por un juez, y exclusivamente en casos donde exista la presunción de un delito. No se trata, ha recalcado, de una facultad discrecional para cualquier ciudadano o autoridad, sino de un mecanismo sujeto a rigurosos controles legales y judiciales. La Presidenta ha ejemplificado este procedimiento, explicando que solo en la investigación de un presunto delincuente, cuya identidad y número telefónico se conocen, se puede solicitar a un juez la geolocalización. De esta forma, se garantiza el debido proceso y se protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Más allá de las aclaraciones sobre la intervención de teléfonos, la Presidenta Sheinbaum ha destacado que la nueva propuesta no solo preserva las garantías existentes, sino que refuerza los derechos de las audiencias, es decir, de quienes consumimos información a través de los medios de comunicación. En el pasado, ha señalado, la palabra del medio era incuestionable. Ahora, con la nueva legislación, la ciudadanía tiene la posibilidad de reclamar y exigir el cumplimiento de sus derechos, como el acceso a una información veraz, objetiva y plural. Lejos de ser un acto de censura, como algunos han sugerido, esta facultad de las audiencias representa una herramienta fundamental para fortalecer la democracia y la participación ciudadana en la construcción de un ecosistema mediático más responsable y transparente. Se trata, en definitiva, de una revisión ciudadana del derecho a la información, un derecho constitucional consagrado en el artículo sexto.

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, ha aportado detalles técnicos que respaldan las afirmaciones de la Presidenta. Peña Merino ha explicado que el artículo 190 de la ley, que regula la colaboración de los operadores de telecomunicaciones con las autoridades, se mantiene sin cambios respecto a la legislación de 2014. Esta colaboración, ha precisado, está sujeta a los términos establecidos por la ley y requiere un mandamiento escrito, fundado y motivado de la autoridad competente, en plena consonancia con el artículo 16 de la Constitución y el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a los derechos de las audiencias, Peña Merino ha recordado que son una garantía constitucional desde 2014 y que la nueva propuesta no hace sino restituir esta disposición, permitiendo a los consumidores de medios de comunicación presentar quejas ante la persona defensora de audiencias de cada empresa, quien podrá emitir apercibimientos en caso de que se violen los derechos de la audiencia, como la diversidad de contenidos, la no discriminación, la igualdad de género, la distinción entre publicidad e información, y la programación infantil, entre otros.

Finalmente, y en un tema aparte, Peña Merino ha aclarado que la herramienta digital Llave MX no permite la suplantación de identidad, ya que toda la información proporcionada pasa por una rigurosa revisión de servidores públicos. Estas iniciativas de ley, ha concluido, permitirán autenticar la identidad digital de forma segura y eficiente, sin necesidad de verificar documentos físicos, simplificando trámites y facilitando el acceso a servicios digitales para todos los ciudadanos.