La reciente decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha generado un intenso debate en el panorama político mexicano. La negativa a realizar un recuento de votos en las elecciones judiciales, confirmada por cuatro de los cinco magistrados de la Sala Superior, ha levantado ampollas entre algunos sectores, particularmente en el Partido Acción Nacional (PAN) y diversas organizaciones civiles. La argumentación central del TEPJF se basa en la falta de "interés jurídico" por parte de quienes presentaron las impugnaciones. Según su interpretación, solo los candidatos que participaron directamente en la contienda electoral tienen la legitimidad para cuestionar los resultados.

Esta interpretación, sin embargo, ha sido recibida con escepticismo y críticas. Para muchos, la participación ciudadana en la vigilancia de los procesos electorales es fundamental para la salud democrática del país. Argumentan que limitar la posibilidad de impugnación a los candidatos participantes deja un vacío legal que podría ser aprovechado para perpetrar irregularidades. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, el único voto disidente en la Sala Superior, se alineó con esta postura, defendiendo el derecho de las organizaciones civiles a participar activamente en la fiscalización electoral. Su argumento se centra en la naturaleza misma de estas organizaciones, cuya razón de ser es la defensa del interés público y la promoción de la transparencia.

La controversia se agudiza al considerar el contexto de la impugnación presentada por el PAN semanas atrás, solicitando la anulación total de las elecciones. En aquella ocasión, el partido se presentó como "tercero interesado", una figura jurídica que buscaba sortear las restricciones que impiden a los partidos políticos presentar denuncias directas. Sin embargo, este intento también fue rechazado por el Tribunal. La pregunta que queda en el aire es si esta reiterada negativa a considerar las impugnaciones presentadas por actores externos a la contienda electoral sienta un precedente peligroso para la participación ciudadana en la defensa de la democracia.

La magistrada Janine Otálora, por su parte, defendió la decisión del TEPJF, argumentando que la ley es clara al respecto y que solo los candidatos tienen la legitimidad para impugnar los resultados. Este argumento, si bien legalmente sólido, no ha logrado aplacar las críticas, que apuntan a una posible interpretación restrictiva de la ley en detrimento de la participación ciudadana. El debate, lejos de cerrarse, se intensifica.

La decisión del TEPJF, aunque aparentemente definitiva en este caso específico, abre la puerta a una discusión más profunda sobre el rol de la ciudadanía en la vigilancia de los procesos electorales. ¿Debe limitarse la posibilidad de impugnación únicamente a los candidatos participantes? ¿Qué mecanismos se pueden implementar para garantizar la transparencia y la participación ciudadana sin comprometer la legalidad del proceso? Estas son preguntas cruciales que deben ser abordadas para fortalecer la democracia mexicana. Mientras la Sala Superior continúa analizando otras impugnaciones relacionadas con la elección judicial, la controversia sigue viva y promete seguir generando debate en los próximos días. El futuro de la participación ciudadana en los procesos electorales está en juego.