El reciente endurecimiento de la Ley Antilavado ha generado un intenso debate público. Si bien la lucha contra el dinero procedente de actividades ilícitas, como el narcotráfico, es una prioridad innegable, surge la pregunta: ¿eran realmente insuficientes los mecanismos preexistentes? La aprobación en la Cámara de Diputados, con una mayoría considerable, apunta a un reforzamiento del sistema financiero nacional, alineándolo con estándares internacionales. Sin embargo, la inclusión de nuevos rubros considerados "vulnerables" despierta inquietudes y abre la puerta a interpretaciones diversas.

La intención declarada es "blindar" el sistema financiero y asegurar que el dinero que circula en México lo haga de forma legal. El diputado Julio César Rivera, de Morena, ha enfatizado la importancia de esta reforma para combatir no solo el enriquecimiento de criminales, sino también delitos conexos como la corrupción, el tráfico de armas y la violencia. La actualización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y del Código Penal Federal, según el diputado, son pasos cruciales en esta dirección.

No obstante, la controversia surge en torno a las facultades otorgadas a la Secretaría de Hacienda para solicitar información financiera y revisar transacciones consideradas "vulnerables". La lista de actividades que podrían despertar sospechas ha generado incertidumbre. Se ha especulado, por ejemplo, sobre la posibilidad de que el pago de rentas superiores a cierto monto en la Ciudad de México pueda desencadenar investigaciones.

Es importante aclarar este punto. Si bien la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), desde 2013, considera el arrendamiento de inmuebles por montos significativos como una actividad vulnerable, el umbral es considerablemente más alto de lo que se ha especulado. En 2025, este límite se sitúa en 181,589.70 pesos. Por lo tanto, pagar una renta de 15 mil pesos mensuales en la Ciudad de México no implica automáticamente una investigación por parte del SAT.

Sin embargo, la obligación de reportar al SAT depósitos o ingresos en efectivo superiores a 15,000 pesos, o la acumulación de varios ingresos que superen esa cifra en un mes, sigue vigente. Esta medida, si bien busca prevenir el lavado de dinero, también genera preocupación sobre la privacidad financiera de los ciudadanos.

El debate en torno a la Ley Antilavado apenas comienza. La necesidad de combatir el crimen financiero es innegable, pero el equilibrio entre la seguridad y las libertades individuales debe ser cuidadosamente preservado. Es fundamental que la aplicación de la ley sea transparente y respetuosa de los derechos de todos los ciudadanos. Las 16 actividades económicas consideradas vulnerables, según el SAT, deben ser analizadas con rigor para evitar interpretaciones erróneas y abusos de poder. La sociedad civil debe permanecer vigilante para garantizar que la lucha contra el lavado de dinero no se convierta en un instrumento de persecución injustificada.