La seguridad pública en México se encuentra en un momento crucial. La nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, representa un cambio de paradigma, una modernización imprescindible para afrontar los desafíos actuales. El panorama criminal ha evolucionado, con la presencia de organizaciones transnacionales y delitos cada vez más complejos. El modelo anterior, si bien útil en su momento, se ha quedado obsoleto. Necesitamos una arquitectura de seguridad más robusta, ágil y adaptable a esta nueva realidad.

La consolidación de la Guardia Nacional, la profesionalización de las policías estatales y el avance tecnológico demandan una mayor coordinación y una gestión más eficiente de la información. La nueva ley, impulsada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, aborda estas necesidades con un enfoque integral. Se busca la interoperabilidad entre las distintas instituciones, la evaluación rigurosa del gasto y una mayor corresponsabilidad entre los diferentes niveles de gobierno. Este no es un simple ajuste, sino una reingeniería del sistema, inspirada en modelos internacionales exitosos, como los de Chile y España, que han demostrado la eficacia de la integración de plataformas interoperables, fiscalías robustas y un control estricto del gasto. Como bien decía David Bayley, la modernización policial no se trata de equipar con más armas, sino de dotar a las instituciones de mayor coordinación, transparencia y participación ciudadana.

Entre los puntos fuertes de la nueva ley destacan el intercambio de información en tiempo real, la creación de un Sistema Nacional de Información con garantías técnicas y legales, la profesionalización de las fuerzas policiales con criterios bien definidos y la evaluación de los fondos destinados a seguridad basándose en resultados concretos, no solo en el cumplimiento de normas. Asimismo, la transparencia, la corresponsabilidad y la meritocracia se consagran como principios fundamentales. El éxito de esta reforma dependerá de una implementación rigurosa y de un debate técnico abierto que permita alcanzar un consenso político y social.

La integración de las fiscalías estatales al Sistema Nacional de Seguridad Pública es un avance significativo. Su participación en el Consejo Nacional de Seguridad, en el diseño y evaluación de políticas, así como en el intercambio de indicadores, las convierte en actores clave del modelo nacional de seguridad. Ya no son solo órganos de investigación, sino piezas fundamentales de una estrategia integral.

Esta propuesta legislativa trasciende la mera eficiencia operativa. Aspira a un nuevo pacto social, a una seguridad que prevenga el delito, respete los derechos humanos y fortalezca el tejido social. La paz no es solo la ausencia de violencia, sino la presencia del Estado con legalidad, justicia y bienestar.

En Chiapas, bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez, ya se están implementando muchos de los principios que inspiran esta nueva ley. La creación de la Universidad de Seguridad Pública del Sureste, la modernización de la Guardia Estatal con tecnología de punta, incluyendo drones y unidades tácticas, y la profesionalización de policías y fiscales, son ejemplos concretos de este compromiso. La fiscalización del gasto, la cooperación binacional en materia de seguridad y el enfoque territorial han contribuido a fortalecer la confianza ciudadana y a reducir la impunidad.

La seguridad pública requiere planeación estratégica, un marco legal sólido, evaluación constante y, sobre todo, confianza. Esta nueva ley, si se aprueba e implementa con inteligencia institucional, puede marcar el inicio de una era de paz, eficacia y corresponsabilidad. Un país que protege con justicia es un país que se fortalece desde sus cimientos.